A falta de dos semanas para la cumbre Mercosur-Unión Europea (UE) en Brasilia, tanto Francia como Paraguay están dificultando el avance mediante diversos cuestionamientos económicos.

Fuentes del Palacio San Martín y de Casa Rosada aseguraron a BAE Negocios que “Paraguay está muy duro y puede parar el acuerdo; y eso va a ser un gran problema”. La cumbre será del 4 al 6 de septiembre en Brasilia.

Los ejes de tensión planteados por Paraguay son: “la deforestación legal e ilegal (de la Amazonia) ; certificación nacional; cuotas de carne, azúcar orgánica, etanol y carne aviar”, detallaron las fuentes oficiales. “Hoy, Paraguay complica más que la UE”.

Las demoras del acuerdo Mercosur-UE, que lleva más de dos décadas de negociaciones, encuentra por estas horas nuevos focos que ponen trabas a una resolución, principalmente por la postura del gobierno de Francia y los reclamos del sector agropecuario en Paraguay.

Ley antiforestación

Entre los temas pendientes, se encuentran la protección de los nombres de los productos alimenticios europeos y la oposición brasileña a una ley antideforestación de la UE, que entrará en vigor el próximo año y podría afectar negativamente las exportaciones brasileñas.

Los agricultores en Francia, Alemania y Bélgica han manifestado preocupación y han protestado contra la competencia que representarían las importaciones sudamericanas más económicas.

A la par, la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) de Paraguay emitió un comunicado donde manifestó su preocupación por el hecho de que sean pactados "mecanismos coercitivos" de exportación con la Unión Europea, un planteo que va en línea con el "neoproteccionismo". ambiental" que denunció Uruguay hace meses.

" Manifestamos nuestra disconformidad y preocupación con la pretensión de pactar mecanismos coercitivos de exportación, que implican menoscabos a los derechos y soberanía de nuestra república", señaló Fecoprod, que representa a 34 cooperativas.

La entidad vigilaría que las eventuales restricciones al comercio, muchas de ellas ligadas a exigencias medioambientales, irían en "detrimento de la libre competencia", por lo que pidió al gobierno del presidente Santiago Peña “un mecanismo que busque la protección del conjunto de trabajadores y emprendedores del campo", al rematar: "Nuestra agenda de desarrollo no puede ser bloqueada bajo el pretexto de una cooperación".