Los vecinos de los barrios de Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida de la ciudad de Pergamino se movilizaron este martes frente a las puertas del municipio ante la falta de suministro de agua potable. Afectados por la contaminación de la red de agua corriente producto de las fumigaciones, reclaman que se cumple el fallo judicial de 2019 en donde se reconoció el nivel de toxicidad y se ordenó a la intendencia garantizar la provisión.

"Esto fue corroborado por la policía federal y denunciado por vecinos. Las querellas denunciaron incumplimiento en dos oportunidades, se intimó al intendente para que restituya el agua pero no lo hizo. Nosotros solicitamos que se aplique el artículo 239 del Código Penal", señaló la abogada y una de las principales referentes del colectivo de vecinos, Sabrina Ortiz al portal Infobaires.

La movilización centra su demanda en el fallo de abril de 2019, donde la Justicia dictó una medida cautelar en el que ordenó al municipio la provisión de "agua segura", a partir de comprobarse que la que se expedía por medio del trazo común contenía "18 agrotóxicos en concentraciones altas".

Al ahondar en el esquema de entrega, los damnificados reconocieron que venían recibiendo el servicio de manera regular, sin embargo al comenzar noviembre, se les cortó la entrega. "La explicación de los repartidores fue que el intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio) había dado la orden", acusaron.

En tanto, desde la intendencia no dieron lugar a las solicitud de audiencia mientras un cordón policial custodia la entrada principal. "Repudiamos este accionar que demuestra una vez más que a muchos funcionarios y al intendente no les importa nada la salud de los habitantes de la cuidad. En estos barrios se encontraron 18 agrotóxicos más una alta cantidad de arsénico en el agua de red, siendo no apta para consumo humano", concluyó Ortíz.

La Cámara Federal de Rosario extendió en octubre la medida cautelar, que ya había sido notificada al municipio, a la Provincia de Buenos Aires al considerar que disponía de "facultades concurrentes" en materia ambiental y sanitaria. La medida fue promovida el año pasado por la Fiscalía Federal de San Nicolás y dos querellas particulares.

La intervención del tribunal revisor se produjo tras una apelación impulsada por el municipio a cargo del intendente Javier Martinez, que había cuestionado su competencia para el "efectivo ejercicio" de poder de policía ambiental por fuera de un radio de 600 metros. En el fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo se fijó un “límite restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para la fumigación aérea.