La designación de Arabia Saudita como anfitrión del Mundial 2034 desató críticas de diversos organismos internacionales. Las preocupaciones giran en torno al historial del país en derechos humanos, en especial el trato a trabajadores migrantes, la situación de las mujeres y la comunidad LGTBQ+.

Human Rights Watch (HRW) alertó sobre los posibles costos humanos de organizar un evento de tal magnitud en el reino. Un informe reciente, titulado “Muere primero y te pagaré después”, documenta abusos sistémicos contra trabajadores migrantes, quienes serán esenciales para construir la infraestructura del torneo. Entre las prácticas denunciadas se encuentran el impago de salarios, jornadas laborales extenuantes y la confiscación de pasaportes, todas vinculadas al sistema de patrocinio conocido como "kafala".

Aunque Arabia Saudita anunció reformas para flexibilizar el kafala, organizaciones como HRW sostienen que el control de los empleadores sobre los trabajadores sigue siendo desproporcionado. Además, la falta de supervisión independiente agrava la situación. Ningún organismo internacional pudo evaluar libremente las condiciones en las que se desarrollan estos proyectos.

La FIFA, por su parte, justificó la elección saudita argumentando el potencial impacto positivo que el evento podría generar en el contexto del plan Saudi Vision 2030. Sin embargo, grupos como ALQST for Human Rights cuestionan la legitimidad de estas afirmaciones. Según Lina al-Hathloul, miembro de esta organización, el gobierno saudita utiliza estos eventos deportivos para lavar su imagen a nivel global mientras incrementa la represión interna.

En un testimonio contundente, al-Hathloul denunció que su hermana, activista por los derechos de las mujeres, fue encarcelada en 2018 y aún enfrenta restricciones arbitrarias. “Arabia Saudita es un estado policial gobernado por Mohammed bin Salman sin controles ni equilibrios. Las ejecuciones alcanzaron cifras récord y los disidentes viven bajo constante amenaza”, afirmó.

El informe de derechos humanos encargado por la FIFA fue elaborado en solo seis semanas por un estudio jurídico con sede en Riad. Según el documento, no hubo consultas a partes independientes ni participación de titulares de derechos. Esta falta de transparencia es otro punto de crítica.

Con la designación de Arabia Saudita para 2034, la atención internacional estará puesta en los próximos pasos del reino y en cómo responderá a las demandas de garantizar un Mundial que no perpetúe violaciones de derechos humanos.