El Gobierno oficializó este martes una serie de medidas para avanzar con la privatización de Aysa, Carboeléctrica Río Turbio y las centrales hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro, en el marco de la Ley de Bases 27.742. La decisión busca atraer inversiones privadas, mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y generar ingresos fiscales en un contexto de ajuste del gasto público. Según cálculos oficiales, solo con la reprivatización de las represas hidroeléctricas se espera recaudar unos USD 500 millones.

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), de la central termoeléctrica de Río Turbio y de las principales presas patagónicas marca un cambio estructural en la gestión de servicios públicos. El objetivo del Gobierno es replicar la lógica de las privatizaciones de los años ‘90: reducir el peso del Estado, atraer inversión privada y garantizar la prestación de servicios estratégicos bajo un nuevo esquema regulatorio.

 

1. Privatización de Aysa: qué autorizó el Gobierno

El decreto 494/2025 habilitó el traspaso del 90% de las acciones de Aysa al sector privado. Un 51% se ofrecerá a un operador estratégico mediante licitación nacional e internacional, mientras que el resto se colocará en los mercados bursátiles argentinos, convirtiéndola en una sociedad cotizante. El 10% seguirá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). Según el Gobierno, el objetivo es atraer capital que financie obras de infraestructura de agua y cloacas que hoy resultan imposibles de cubrir con fondos públicos.

Qué autorizó el Gobierno: la venta del 90% que posee el Estado. Quién lidera el proceso: la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Cómo se valuará la compañía: un banco público hará la tasación, ya que el Tribunal de Tasaciones dijo no poder hacerlo en tiempo razonable. Plazos y modalidades de la venta: licitación pública nacional e internacional en un máximo de 8 meses para al menos el 51%, y el resto en mercados. Garantías de servicio: el Gobierno promete que la privatización no afectará la provisión de agua ni cloacas. 2. Río Turbio: una nueva empresa mixta

Mediante la resolución 1181/2025, se creó Carboeléctrica Río Turbio S.A., con un esquema accionario mixto: 51% estatal, 39% privado y 10% para los trabajadores. La compañía no solo operará la central termoeléctrica, sino también los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. Con un capital inicial de $30 millones, el Gobierno apuesta a que la participación privada aporte modernización y garantice continuidad en una operación marcada por déficits crónicos.

3. Hidroeléctricas: camino a nuevas concesiones

El decreto 590/2025 corrigió un error en la transferencia de acciones de Enarsa a la Secretaría de Energía y abrió el camino para la reprivatización de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas concesiones, que habían vencido en 2023 tras 30 años, deberán pasar a nuevos operadores a partir de enero de 2026. El Gobierno estableció que las actuales concesionarias deberán seguir operando hasta que se concrete el concurso público nacional e internacional.

Posibles cambios con las privatizaciones

Las privatizaciones de Aysa, Río Turbio y las represas hidroeléctricas implican varios efectos tanto para la sociedad como para la economía:

Cambios en tarifas: al ingresar capital privado, es probable que las tarifas de agua, luz o transporte de carbón se ajusten para cubrir costos reales y asegurar rentabilidad, lo que impacta directamente en los usuarios. Calidad y continuidad de servicios: el Gobierno sostiene que la privatización traerá inversión y eficiencia, aunque existe el riesgo de que se priorice la rentabilidad sobre la universalidad del acceso. Participación de trabajadores: en Aysa y Río Turbio se prevé que el 10% de las acciones quede en manos de los empleados, algo que busca darles voz en la gestión, pero que en la práctica suele tener un peso limitado. Ingreso de divisas y alivio fiscal: la venta de activos y concesiones puede aportar recursos inmediatos (como los USD 500 millones esperados de las represas) y reducir el gasto del Estado en subsidios y mantenimiento. Atracción de inversión privada: se busca que nuevos capitales financien infraestructura que hoy el Tesoro no puede sostener. Reconfiguración del rol del Estado: al retirarse de la gestión directa, el Estado pasa a ser regulador y fiscalizador, lo que abre el debate sobre si tendrá capacidad para controlar a empresas privadas que manejarán servicios esenciales.

La privatización puede significar más inversión y menos gasto público, pero también tarifas más altas y mayor dependencia del sector privado en áreas sensibles como el agua y la energía.