Entre marzo y junio, el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para sacar la trayectoria de la inflación del peligroso 4 % mensual en el que se instaló. La variación del tipo de cambio en el mercado oficial desaceleró a 2,9 % mensual en febrero, y no habría que extrañarse si en marzo va al 2,5 %, y menos aún en meses subsiguientes.

La emisión monetaria a favor del Tesoro ha sido nula en el primer bimestre y quizás lo sea en el trimestre. La emisión para pagar los intereses de los pasivos del BCRA (Leliq y pases) es un taxi que no se detiene, pero en parte es compensada por la colocación de más deuda entre los bancos y en parte por la venta de títulos (AL30), operatoria que arrancó tímidamente pero que ha cobrado otra dimensión, inaugurando una "flotación sucia" en los mercados libres del dólar, para llevar la brecha cambiaria al 50 %, variable clave para las expectativas.

Un freno a la inflación podría ayudar a recuperar parcialmente el consumo, pero faltan vías de empalme entre la estabilización y el crecimiento. Primero, porque varias de estas medidas lucen transitorias; segundo, porque el menú de instrumentos es complementado con la extensión y/o la profundización de medidas de represión, control de precios y/o restricciones para importar de una gama amplia de bienes y servicios, generando problemas de rentabilidad y abastecimiento; tercero, porque simultáneamente la agenda política introduce cada vez más riesgos institucionales.

La historia de las medidas que apuntan a desacelerar la tasa de inflación es mu yfresca. Arranca a mediados de enero, cuando comenzó a disiparse el riesgo de una sequía severa, que hubiera impedido aprovechar precios internacionales como el de la soja, por encima de 500 dólares la tonelada. En verdad, todavía hay zonas de la Provincia de Buenos Aires con producción comprometida por la sequía, pero ahora se apuesta a exportaciones de granos por un valor cercano a los 34 mil millones de dólares en 2021, comparado con 25,5 mil millones de 2020.

Economía electoral

Por un lado, a principios de febrero, se anuncia la decisión de volver a utilizar el "ancla cambiaria", pautando una suba del precio del dólar en el mercado oficial de 25 % en el año, al tiempo que se logra frenar temporalmente la emisión de pesos a favor del Tesoro. Así, frente a la aceleración de la inflación, el gobierno pudo esquivar la suba de las tasas de interés (con sus consiguientes efectos recesivos), apelando a una ambiciosa pauta cambiaria.

Simultáneamente, el Banco Central intensificó sus intervenciones en el mercado del dólar libre, en una suerte de "flotación sucia" que ayuda a comprimir la brecha cambiaria. Se trata de la esterilización de pesos a través de la venta de un bono en cartera del BCRA (AL30), que es recomprado en dólares por la autoridad monetaria, aunque por una fracción de lo colocado, lo que explica la baja paridad del bono y el elevado riesgo país. Así, en el primer bimestre, mientras el Banco Central emitió pesos a un ritmo mensual de 78,5 mil millones para pagar intereses de Leliq y pases, logró recoger liquidez por unos 32,5 mil millones/mes a través de esa operatoria (el dato no es limpio porque incluye ganancias por operaciones de futuro). Este mecanismosacrifica una recuperación más rápida de las reservas del BCRA y afecta la paridad de los bonos, pero resulta funcional a los propósitos de corto plazo del gobierno.

La política fiscal y monetaria del primer trimestre está siendo consistente con una desaceleración de la tasa de inflación, en momentos en que el "ancla cambiaria" se incorpora al arsenal. Pero perforar de modo genuino el piso del 3% mensual de inflación requiere una continuidad que hoy no está garantizada. Los subsidios por la extensión del congelamiento de tarifas, la reforma en Ganancias para subir el Minimo no Imponible, el bono extra a jubilados, son todas medidas que tienden a confirmar la percepción de que las eventuales mejoras de recaudación serán derivadas a más gasto corriente.

* Extracto del informe de IERAL-Fundación Mediterránea