En los últimos días, distintos informes e indicadores evidenciaron algunas de las múltiples aristas del fuerte ajuste implementado por la gestión de La Libertad Avanza. Desde una narrativa profundamente antiestatal, el Gobierno ha avanzado con un fuerte recorte salarial y con el achicamiento de la planta del Estado. 

En ese marco, entre diciembre de 2023 y mayo de este año se perdieron 50.000 puestos de trabajo estatales, de acuerdo con el relevamiento de la dotación de personal publicado por el INDEC. A nivel ministerial, el mayor recorte se produjo en Capital Humano (10.848) y en Salud (1.948), mientras que entre los organismos descentralizados se destacan las bajas en ARCA (2.888) y ANSES (1.387), así como también en el Conicet y en el INTI.

Los masivos despidos fueron festejados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien desde su cuenta de X aseguró: "Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos". Sin embargo, estos recortes no solo impactan directamente en los trabajadores despedidos y sus familias sino que también implican la retirada del Estado de un conjunto de funciones claves para el bienestar y la reducción de las brechas sociales, generando mayores costos a futuro.

Retrocesos en la socialización de los cuidados

Entre las dimensiones que expresan con mayor claridad el repliegue del Estado se destacan las políticas de cuidado, cuyo desmantelamiento se evidencia en el informe La Cocina de los Cuidados, publicado recientemente por el CELS y elaborado por una mesa intersectorial. Allí se advierte que el Gobierno solo mantiene el 8% de estas políticas, por lo que alrededor de 2,9 millones de personas perdieron al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias.

Entre los múltiples efectos concretos de estos recortes sobresale que 800.000 personas mayores dejaron de tener cubiertos sus medicamentos a través del PAMI, en un contexto en el cual las jubilaciones mínimas pierden poder adquisitivo debido al congelamiento del bono. Por otra parte, las políticas destinadas a personas con discapacidad se volvieron más restrictivas: el nivel de rechazos en las pensiones saltó del 40% al 75%, mientras que las prestaciones de salud permanecen sin actualización.

En simultáneo, a pesar de la preocupación de la administración nacional por la caída en la tasa de natalidad, se desfinanció gran parte de las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil en sus distintas formas, incluyendo el freno dispuesto sobre obras claves de infraestructura en espacios para la primera infancia. El informe detalla estos retrocesos, que incluyen también la reducción de recursos dirigidos a las cuidadoras comunitarias y el desarme de las políticas de salud sexual y reproductiva, entre otras políticas que apuntaban a suturar las brechas sociales vinculadas con el cuidado.

 

Desfinanciamiento sostenido de las universidades nacionales

Las universidades nacionales también estuvieron en el centro del ajuste, con los efectos que esto genera en la posibilidad de acceder a una educación pública de calidad y la promesa de movilidad social ascendente que aún significa, pese a las crecientes dificultades que se atraviesan en ese sentido. 

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario de este año es el más bajo desde 2006, en tanto que la inversión por estudiante alcanza su nivel mínimo en dos décadas. Solo este año, el presupuesto universitario cayó un 9% frente a 2024 y acumula una contracción del 32% desde 2023. En este contexto, los salarios docentes acusaron una pérdida del 28% en términos reales entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, según los datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Para ACIJ, esta situación compromete las funciones estratégicas de las universidades en la producción de conocimiento, la formación profesional y la reducción de desigualdades.

Revertir las desigualdades, un horizonte que se aleja

Los recortes analizados no son neutros, ya que el repliegue del Estado agrava desigualdades preexistentes. Los datos de INDEC muestran que el 10% más pobre de la población accede apenas al 1,7% de los ingresos totales, mientras que el 10% más rico concentra el 32%.

Esto implica que el decil más acomodado gana, en promedio, diecinueve veces más que el decil más pobre. Si en lugar de los ingresos se analiza la distribución de la riqueza patrimonial, el panorama se agrava.

La World Inequality Database (citada por el CELAG) reveló que el 1% más rico del país posee el 25% de la riqueza nacional. En contraposición, la mitad más vulnerable de la población accede a tan solo el 4% de esa riqueza.

Si bien la desigualdad social ya era un fenómeno estructural antes de la asunción de Javier Milei como presidente, los costos del ajuste llevado a cabo por la gestión libertaria recayeron con mayor fuerza sobre los sectores populares, contribuyendo a ampliar las brechas ya existentes.