Las cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México trabajan en la elaboración de un proyecto de ley para limitar el ingreso masivo de ropa y calzado de origen chino. La iniciativa toma como referencia la normativa francesa sobre el “ultra fast fashion” y apunta a equilibrar la competencia frente a plataformas de comercio electrónico que, en los últimos años, ganaron fuerte presencia en la región.

Según la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), el sector local pierde cerca de 1.500 empleos por mes debido a la presión de importaciones con precios de dumping. En el segundo trimestre de 2025, la mitad de las empresas textiles argentinas registraron bajas de ventas con una contracción promedio del 7% interanual, mientras que en los últimos dos años el retroceso acumulado alcanza el 30%.

El proyecto prevé que las prendas importadas sean sometidas a controles sanitarios y ambientales para verificar que no contengan sustancias tóxicas ni se produzcan con insumos contaminantes. Al respecto, un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl detectó niveles de cadmio y plomo hasta 622 veces superiores a los permitidos en ropa infantil proveniente de Asia. Una vez superadas esas pruebas, los productos quedarían sujetos al pago de aranceles e impuestos como IVA e Ingresos Brutos.

La propuesta también pone el foco en la sustentabilidad. Se estima que el 76% de las prendas comercializadas por estas plataformas están confeccionadas con poliéster, un material derivado del petróleo que libera microplásticos en cada lavado, y solo un 6% proviene de fibras recicladas. A esto se suma el uso de químicos en tinturas y acabados, responsables de una parte significativa de la contaminación hídrica a nivel industrial.

En paralelo, Francia aprobó una ley que introduce un impuesto ecológico progresivo de 5 euros por prenda, que llegará a 10 euros en 2030, además de prohibir la publicidad y exigir etiquetas con información sobre el impacto ambiental. La experiencia francesa inspira a los legisladores de la región, que ya mantienen conversaciones con representantes del sector textil europeo.

En Argentina, el proyecto cuenta con el apoyo de dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau. Claudio Drescher, presidente de la CIAI, afirmó que existe un consenso político amplio y que espera avances concretos en el primer semestre del próximo año: “Ningún país cede su mercado interno. Creo que habrá una reacción regional y podremos contar con una ley que ponga límites al ingreso de estas importaciones”.

El debate se da en un contexto en el que el modelo de “ultra fast fashion” también enfrenta cuestionamientos por sus condiciones laborales. Informes internacionales señalan jornadas de hasta 75 horas semanales en talleres del sur de China, con salarios bajos y pagos a destajo.

En ese marco, la industria local insiste en que la regulación no solo busca proteger a la producción nacional, sino también garantizar estándares mínimos de salud, ambiente y derechos laborales frente al avance de un fenómeno global que ya supera los 100 millones de usuarios en América Latina.