La administración de Donald Trump revocó una política establecida durante la presidencia de Joe Biden que exigía a los hospitales brindar abortos de emergencia cuando la salud de la mujer estuviera en peligro. El anuncio se conoció este martes, tras la decisión del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), un organismo dependiente del Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr.

La medida representa un nuevo paso en la agenda del gobierno republicano para restringir el acceso al aborto, tras el fallo de la Corte Suprema que en junio de 2022 anuló el precedente de Roe vs. Wade. Esa resolución eliminó el derecho constitucional al aborto a nivel federal en Estados Unidos.

La norma ahora derogada había sido redactada por la administración Biden en base a la Ley del Tratamiento Médico de Emergencia y del Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), sancionada en 1986. Según el memorando, esa ley “proporciona derechos a cualquier individuo que llegue a la unidad de emergencias de un hospital y pide ser examinado o tratado”. Aunque se eliminó el apartado específico sobre los abortos, el texto actualizado sostiene que "los pacientes, incluidas las personas embarazadas, tienen los plenos derechos y protecciones establecidas por esta ley federal".

Sin embargo, la nueva redacción no aclara si los hospitales tienen ahora la obligación de practicar abortos en casos de emergencia. “Básicamente, le da luz verde a los hospitales en los estados conservadores para rechazar a mujeres embarazadas en peligro”, advirtió Lawrence O. Gostin, especialista en derecho sanitario de la Universidad de Georgetown, citado por The New York Times.

Preocupación jurídica

La incertidumbre jurídica generada por esta decisión preocupa a especialistas y académicos. “Ya vimos desde que se anuló Roe que la incertidumbre tiende a provocar que los médicos no quieran intervenir”, explicó Mary Ziegler, profesora de la Universidad de California-Davis y experta en historia del debate sobre el aborto en EEUU. “Esto no es solo retirar lo que hizo la administración Biden, es generar muchas preguntas sin respuesta sobre qué deben hacer los hospitales de ahora en adelante”, sostuvo.

El derecho al aborto

Desde organizaciones defensoras del derecho al aborto también manifestaron su rechazo. Alexa Kolbi-Molinas, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU, afirmó a The Hill que “legalmente, no significa nada”. Y agregó: “La obligación de brindar atención médica de emergencia proviene de una ley federal… y, por mucho que quieran, el presidente Trump y el secretario Kennedy no pueden borrar 40 años de ley con este comunicado de prensa”.

Qué dicen los conservadores

En cambio, sectores conservadores celebraron la decisión. Roger Severino, exfuncionario del primer gobierno de Trump y actual vicepresidente de políticas domésticas en la Fundación Heritage, señaló: “El presidente Trump prometió desmantelar el radicalismo abortista de su predecesor, y hoy otra imposición sobre el aborto muerde el polvo”.

La vida de la gestante en peligro

La ley EMTALA no menciona específicamente el aborto, aunque desde la presidencia de George W. Bush distintas administraciones la interpretaron como aplicable a situaciones en las que la vida o la salud de la gestante estuvieran en riesgo.

Tras la revocación del derecho al aborto a nivel federal, la administración Biden había recordado a los hospitales su obligación de intervenir en esos casos. Esa política derivó en litigios judiciales. El gobierno federal demandó al estado de Idaho, mientras que Texas demandó al gobierno federal. En ambos casos, los estados alegaron que sus legislaciones antiaborto tenían preeminencia sobre la ley federal.

En enero, la Corte Suprema decidió no intervenir en el caso de Idaho, dejando firme un fallo inferior que permitió los abortos de emergencia cuando la salud de la mujer estuviera amenazada. La nueva directiva de Trump, sin embargo, vuelve a abrir interrogantes sobre los alcances concretos de la protección legal en estos casos.