UBA y Ciudad avanzan en un sistema federal para controlar a los deudores alimentarios
La Facultad de Derecho será sede de un encuentro clave para modernizar el registro y seguimiento de deudores alimentarios en el país
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volverá a ocupar un rol central en una problemática social urgente: el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Este jueves 27 de noviembre, de 9.30 a 17, la Facultad de Derecho alojará un encuentro federal impulsado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, orientado a fortalecer y modernizar el sistema que registra a quienes adeudan cuotas alimentarias en todo el país.
El evento, que se desarrollará en el Salón Verde, busca avanzar hacia un sistema de intercambio de información más ágil, capaz de detectar de manera inmediata los casos de incumplimiento. Actualmente, la Ciudad mantiene acuerdos con 13 provincias, lo que concentra un total de 11.700 expedientes vinculados a deudores alimentarios.
Un problema social de alto impactoEl incumplimiento alimentario es uno de los factores que profundiza la desigualdad económica en hogares monoparentales. En la Ciudad de Buenos Aires, el 12,3% de los hogares son monoparentales, y en el 89% de esos casos la responsabilidad recae en una mujer.
Los datos de UNICEF aportan una dimensión aún más crítica:
El 68% de las familias monoparentales vive por debajo de la línea de pobreza. Un 23% atraviesa situaciones de indigencia.Frente a este escenario, los registros provinciales y estatales se vuelven herramientas esenciales para monitorear y sancionar el incumplimiento. La actualización de los datos, la interoperabilidad entre organismos y la unificación de criterios son ejes claves del encuentro que liderará la UBA.
Una mesa de trabajo federalLa convocatoria reunirá a representantes del Poder Judicial, organismos estatales, universidades nacionales, autoridades de los registros de deudores alimentarios y organizaciones civiles vinculadas a derechos de familia, infancia y género.
El objetivo final es avanzar hacia un sistema federal unificado, capaz de articular información entre jurisdicciones para identificar con mayor precisión a quienes incumplen sus responsabilidades parentales. La modernización del registro permitirá acelerar procesos administrativos, mejorar la trazabilidad de casos y evitar que quienes figuran como deudores puedan eludir sanciones al cambiar de provincia o al solicitar trámites públicos.