El paro de choferes de colectivos dictado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejó una jornada con serias dificultades en el transporte urbano y la promesa de mantener el conflicto a futuro pese a la interna gremial.

Para este capítulo sobre la saga paritaria todo se inició cuando el Gobierno dejó por escrito y en virtud de ordenamiento de fondos públicos y esquemas tarifarios de la secretaría de Transporte, un aviso: los conductores no tendrían mejora de salarios alguna hasta junio. La secuencia continuó con una conciliación obligatoria del 27 de marzo, ya vencida, que la UTA "tomó como un atajo", al decir de otros sindicatos de la CGT, para cobijarse en esos términos y no adherir al tercer paro general al gobierno de Javier Milei.

En Azopardo el titular de la Juventud Sindical Sebastián Maturano (La Fraternidad), entre otras voces, consideró entonces que esa organización de los colectiveros "no había respetado lo orgánico de la medida de fuerza".

 

En la previa del paro el Gobierno agotó instancias para acercar un acuerdo y ante la imposibilidad de plasmarlo habló de "extorsión sindical con los pasajeros de rehenes", sin descartar sanciones a la UTA. Al mismo tiempo ratificó la pauta salarial antiinflacionaria y destacó literalmente en un comunicado que algunas líneas no se iban a plegar a la medida de fuerza. Los grupos Metropol y Dota, de hecho, mantuvieron el servicio.

Desde las cámaras empresarias, otros de los polos en disputa por recursos y cuotas de poder los empleadores reiteraron que no pueden otorgar aumentos porque tienen los "boletos congelados".

Así lo detalló el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro respecto a la estrategia de tarifas de la gestión libertaria.

Mientras ratificó la vigencia de sus pretensiones como la continuidad de su plan de lucha, la UTA que lidera Roberto Fernández, también a través de un comunicado, desautorizó a uno de los voceros de la huelga. Esa unión tranviaria manifestó que "la única voz válida del gremio es la de sus órganos oficiales" para apuntar a Gabriel Gusso, que realizó declaraciones en radios y otros medios como secretario gremial de la UTA.

"No es miembro de ningún cuerpo orgánico de la entidad sindical", sostuvo la organización sindical respecto a Gusso que entre otros términos habló de la posibilidad de "un paro por tiempo indeterminado" si no prosperan las mejoras paritarias para los choferes nucleados en la UTA.

"El gremio desconoce y no se identifica con cualquier comentario u opinión política o gremial de este sujeto", fue la posición de la unión sindical sin perjuicio de que Gusso había realizado manifestaciones públicas sobre el conflicto durante todo el lunes previo al paro.

El sindicalista de la UTA Mario Calegari dijo que hubo un "70% de acatamiento" al paro y apuntó al grupo Dota al insinuar que "debe tener algún tipo de relación con el presidente Javier Milei".

“Siempre fuimos compañeros”

Además de la lucha interna de la UTA, donde se mantiene el conflicto con dirigentes encabezados por Miguel Bustinduy, que hoy lidera una organización denominada Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) y responsabiliza a Fernández y su cúpula por la situación de los trabajadores.

Otro foro sindical que cuestiona a la UTA sin adherir a Bustinduy y se pronunció sobre la cuestión. Se trata de los conductores de la histórica Línea 60, donde el delegado Néstor Marcolín explicó: "La jornada de paro es buenísima. En la línea 60 paramos al 100%, en la cabecera de Ingeniero Maschwitz habrán salido 10 colectivos. Estamos hace 4 meses con paritarias paradas, nos querían dar unas migajas. De lo que hay que hablar es de una recomposición salarial porque a los trabajadores no nos alcanza la guita".

Marcolín propuso una mejora más profunda: "Nosotros creemos que la recomposición tendría que ser de $2.500.000 en mano más paritarias", sostuvo.