En el tránsito al tercer paro general dispuesto por la CGT contra la gestión de Javier Milei el gobierno considera que con la conciliación obligatoria aplicada el jueves 27 a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) impactó a pleno en la línea de flotación de la huelga decretada por Azopardo.La tregua forzada que dictó la secretaría de Trabajo es por 15 días hábiles, máximo lapso legal, comprende en calendario al 10 de abril, la fecha que votaron los cegetistas.En cálculo histórico la adhesión a huelgas del transporte público define su músculo de potencia.A una semana de la medida de fuerza, a la cual se plegaron las dos CTA, en sindicatos transportistas no confían en que los choferes de colectivos paren, si bien tampoco les brindan “exclusividad” para no adherir. “Se verá en la cancha. Pero hay varios compañeros que pueden ser los abanderados de la traición”, deslizan con malestar ante la consulta periodística.La estimación sobre un debate “inesperado” se puede resumir al menos en dos bloques: el encuadre legal y por dónde viene caminando la UTA bajo la gestión que arrancó en diciembre de 2023.

Todo dentro de la ley

En el primer punto entonces asomó la apuesta de la Casa Rosada con la conciliación que fijó el 27 contra el paro del 28 de la UTA, tregua que abarca el 10 de abril en su marco temporal.Ante la consulta de BAE Negocios el abogado Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas manifestó que la conciliación obligatoria tiene como finalidad resolver el conflicto en el cual se dicta, y atañe solo a las causas que lo originaron. “No es un instrumento para impedir una medida de fuerza -aunque el gobierno la utilice para eso-, sino para acercar a las partes y darles un marco de negociación, por un tiempo determinado. Una huelga general de las centrales sindicales no está condicionada por una conciliación sectorial previa, como tampoco podría afectarse por una nueva conciliación”, analizó Cremonte. Ante la repregunta sobre herramientas normativas que podría sumar el Gobierno fue tajante. “De hecho no podría dictarse una conciliación obligatoria a la CGT y a las CTA por este paro. Es decir que la existencia de conciliaciones en curso no impide a ningún sindicato adherir a la huelga general”.Por su parte Hugo Moyano hijo, uno de los abogados de la CGT le manifestó al diario Tiempo Argentino, “siempre que la conciliación obligatoria responda a una causa distinta a la que medida que se ejecutva, no corre” y agregó “por eso la UTA debería poder adherir a un paro político convocado por la CGT”. No obstante el letrado aclaró “no digo que no sea discutible ni que que se pueda usar como excusa. No quiero cargar sobre nadie, pero ha pasado”.La visión de Moyano ya había sido mencionada por este medio respecto a la franja de “interpretación” que abrió la tregua forzada por el Gobierno y su alcance a la huelga cegetista. Otro laboralista y docente de Derecho del Trabajo (UBA) Luis Roa dejó su parecer ante la requisitoria de este medio, “la conciliación obligatoria se aplica a un conflicto que tiene un determinado objeto. No corresponde utlizarla como un comodín, aplicable a todas las medidas de acción directa que se sucedan -aún contemporaneamente-, en este caso a un paro general. Los motivos de esa huelga son extraños al objeto que motivó la conciliación obligatoria”.

 

Correctivos en la hoja de ruta

Para considerar el marco que tiene hoy la UTA no es novedad alguna que los conflictos salariales, como a otros gremios, le marcan el recorrido en tiempos libertarios. En particular lo sucedido a fines de febrero cuando el Gobierno Nacional publicó una resolución de costos del transporte, proyectando que los choferes de colectivos y micros no tengan recomposición salarial. Se trata de un congelamiento de haberes, de mínima, hasta junio. La tan temida “pauta salarial cero”.En efecto, la resolución 8/2025 de la secretaría de Transporte fijó una metodología de Cálculo de Costos de Explotación del Transporte de Pasajeros para el AMBA con “freno hidráulico” en los sueldos. No fue la única disposición gubernamental que jaqueó a la UTA, en diciembre de 2024 desde la vocería de la Casa Rosada se comunicó que esa unión tranviaria había recibido $11.000.000.000 anuales desde 2019 en concepto de fondos para la capacitación de choferes. Marcando el fin de dicha provisión de fondos para el gremio la gestión libertaria declamó que de ahora en más “cualquier prestador del sistema podrá realizar los cursos de formación para choferes, continuando asi este Gobierno con las medidas para una mayor desregulación dentro del Estado y la libre competencia”.

Pasos al costado

La bitácora sindical de los últimos meses ofrece el detalle de algunas definiciones de la UTA en cuanto a medidas de fuerza propias o convocadas por otras organizaciones que tutelan a trabajadores y trabajadoras.El 31 de octubre la UTA levantó un paro por el principio de acuerdo para llevar el salario de los choferes a $1.200.000. Una semana antes esa unión tranviaria decidió no adherir a los paros dispuestos por otros paros dispuestos para el 29 y 30 de dicho mes.Antes, a fines de septiembre de 2024 dejó sin efecto una huelga de 48 horas por reclamos salariales.Vale acotar que la conducción actual de la UTA, a cargo de Roberto Fernández, sorteó los embates de la agrupación opositora Juan Manuel Palacios, que supo energizar vínculos con el moyanismo.Por diferencias con los Camioneros la unión tranviaria se alejó -durante el gobierno de Alberto Fernández- de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para enrolarse en la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt).Sobre lo acontecido en jornadas recientes la UTA estuvo en la reunión convocada por el gastronómico Luis Barrionuevo, donde se solicitó que la CGT profundizara reclamos decretando un paro nacional por 36 horas.Sin perjuicio de formar parte de esa mesa, junto a otros sindicatos, la UTA no participó la la reunión del consejo directivo de Azopardo que aprobó la huelga del 10 de abril por 24 horas.Bajo la etiqueta de “final abierto” para saber si los choferes de colectivos y micros serán parte del tercer paro al gobierno de Javier Milei, queda a mano de postdata la reflexión de un abogado laboralista, con profundo conocimiento del mundo laboral, que incluye el movimiento obrero y también los tribunales y cámaras de Trabajo, dijo: "ante el perfil de determinadas organizaciones gremiales, incluso aquellas con el poder de fuego de un fósforo, la voluntad de adhesión a medidas de fuerza no depende de los laberintos y atajos legales".