El conflicto en el gremio de los choferes de colectivos y micros se mantiene en relación a la falta de mejoras salariales y se profundiza con el paro de 24 horas decretado para este martes, vencido ya el plazo de la conciliación obligatoria que la Casa Rosada impuso el 27 de marzo. La situación sindical sumó voltaje, más allá de la confirmación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para la huelga en Capital Federal y Conurbano.

El Gobierno había postergado para las 16 una reunión considerada clave con la UTA y las cámaras empresarias, en un intento de última hora por desactivar la huelga. Esta noche la secretaría de Transporte apuntó a la unión tranviaria en severos términos y advirtiendo sobre sanciones.

Vale recordar que con el "reordenamiento de tarifas y subsidios" que desarrolló esa cartera, la UTA ya había sido notificada que no tendrían incrementos salariales sus afiliados, al menos hasta junio, en el rango de la temida "paritaria cero".

 

Más allá de la perspectiva gubernamental que reservaban optimismo para desactivar la medida, el encuentro por videoconferencia encabezado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no arribó a solución alguna y la organización gremial mantiene su pretensión de lograr una actualización salarial que eleve el básico de $1.200.000 a $1.700.000 de bolsillo, en línea con la inflación acumulada desde principios de año.

"Es absurdo seguir escuchando propuestas que avasallan nuestra dignidad", expresaron desde la UTA en una postura con la que habían ponderado que su voluntad de negociación estaba siendo sometida a la falta de consideración por los trabajadores del sector.

Como parte de la secuencia en este conflicto hubo choferes que se acercaron a la sede de la UTA ubicada en el barrio porteño de Once donde arrojaron huevos contra el frente de ese gremio y apuntaron contra Roberto Fernández, secretario general de la UTA.

Sobre un eventual acuerdo paritario que estimarían aceptable para satisfacer las pretensiones los choferes manifestaron que, de oferta mínima esperan un salario de $1.800.000 de bolsillo.

Más allá del reclamo no descartan que el gremio retacee el apoyo a la medida y adelantaron que, en ese caso, habrá deliberaciones con los delegados de cada línea para tomar una determinación en conjunto

La tesitura del Gobierno

La secretaría de Transportes por medio de un comunicado calificó la medida de fuerza como “un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales del gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”. La estimación gubernamental de las empresas que abarcará la huelga contempla a “103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires”.

Con impacto y foco en la interna del gremio de los choferes y conductores el Gobierno además precisó que hay líneas “que no acatarán el paro. Estas empresas son el grupo Metropol y Dota, a la vez que otras lo están definiendo. Se espera que más del 50% de las empresas no acate el paro”.

La secretaría además advirtió que fiscalizará el cumplimiento de “las prestaciones mínimas de servicio de colectivos, por tratarse el transporte público de un servicio esencial”. Acotando que ”se intimará a las empresas de colectivos a que presten el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular y se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio”.

Todo sigue igual

El enfrentamiento entre sindicalistas que viene atravesando desde hace años a la UTA, también está presente en esta ocasión. No solo porque el Gobierno aclara que las líneas de algunas empresas no se plegarán a la huelga, sino por las manifestaciones de Miguel Bustinduy, contra la conducción sindical de los choferes.

"El que produjo este daño es Roberto Fernández", dijo Bustinduy, ya como secretario general adjunto de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), para apuntar contra el titular de la UTA por la situación adversa que vive el sector. "De Fernández para acá perdimos 1000 dolares por mes", precisó en el programa Palo y Zanahoria que se emite por radio El Destape para considerar que más allá de la situación que atraviesa su gremio la responsabilidad a criterio de Bustinduy recae en la cúpula de la UTA.