El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó este martes 15 de julio a Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa Vialidad a depositar, en un plazo de diez días hábiles, la suma de $684.990.350.139. Se trata del monto actualizado del perjuicio al Estado por fraude en licitaciones de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, según la sentencia judicial.

El dinero deberá ser ingresado en una cuenta especial del Banco Nación. En caso de incumplimiento, la Justicia avanzará con el decomiso y posterior remate de los bienes ya embargados.

La resolución fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y dispone que el pago se realice de manera solidaria. El plazo vence el 13 de agosto a las 9.30, luego de la feria judicial.

El monto surge de un informe del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema. La cifra inicial, fijada al dictarse el veredicto en diciembre de 2022, era de $85.000 millones. La perito oficial actualizó el valor mediante el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, mientras que el perito de Cristina Kirchner propuso una actualización alternativa que reducía el monto a $42.000 millones, usando la tasa pasiva promedio del Banco Central. El tribunal rechazó esa metodología y validó la de la perito oficial.

“La razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas”, afirmaron los jueces, y remarcaron que ningún otro perito cuestionó su procedimiento. También señalaron que el IPC fue el índice aplicado durante toda la causa y descartaron el cálculo alternativo: “Dicha circunstancia nos exime de cualquier otra consideración”.

La orden de decomiso incluye 213 propiedades, 14 vehículos, seis sociedades y sumas en efectivo. En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron una caja de seguridad con USD 4.500.000 a nombre de su hija Florencia Kirchner, otra con un millón de dólares, propiedades en El Calafate, Río Gallegos, Puerto Madero, y las sociedades Hotesur y Los Sauces. Esta última es titular del departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.

El monto del decomiso equivale, al tipo de cambio oficial, a unos USD 537 millones. La cifra incluye sobreprecios en 51 licitaciones y daños ocasionados por obras inconclusas. “La idea es lograr un recupero de activos provenientes del delito que procure impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo”, argumentaron los fiscales en su alegato.

El mayor volumen patrimonial corresponde a Lázaro Báez, quien enfrenta además una condena por lavado de dinero en la causa “Ruta del dinero K”, con una multa de USD 355 millones y el decomiso de otros USD 55 millones. El juez Sebastián Casanello determinó que el patrimonio del empresario incluye cerca de 40 estancias, aviones y vehículos, por un valor estimado de USD 120 millones.

El tribunal solicitó al Juzgado Comercial N.º 28 un informe sobre la quiebra de Austral Construcciones para verificar qué bienes fueron liquidados, cuáles están cautelados y cuál es el estado del proceso.

Además, se amplió el monto de los embargos existentes sobre inmuebles hasta alcanzar los $684.990.350.139 y se prorrogó su vigencia “con carácter definitivo” en caso de que alguna medida caducara.

Por otro lado, ante la sospecha de maniobras para ocultar bienes, el tribunal habilitó a los fiscales a investigar el patrimonio de Claudia Noemí Insaurralde, pareja de Báez.

Junto a Cristina Kirchner y Báez, también fueron intimados José López, Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad en Santa Cruz. Todos ellos están detenidos; la ex presidenta y Periotti permanecen con prisión domiciliaria.