La posibilidad de que el presidente Javier Milei recurra por tercera vez consecutiva a una prórroga del Presupuesto constituye “un retroceso sin precedentes”, según el parecer de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que instó tanto al oficialismo como a la oposición a llegar a un consenso que permita la sanción de la ley.

“Toda la importancia y centralidad que tiene el Proyecto de Presupuesto se desvanece si ese instrumento no se convierte en Ley”, alertó la entidad, que asimismo señaló que su reclamo “no se limita a una cuestión de formas”, ya que la denominada “ley de leyes” contempla una serie de decisiones que inciden de manera directa en diferentes aspectos de la economía y la organización institucional de la Nación, las provincias y los municipios.

 

Contexto adverso

 

La advertencia de ASAP se da a conocer luego de que Milei presentara el lunes el proyecto de ley de Presupuesto 2026, en un contexto político adverso para el Gobierno, cuyos sucesivos traspiés en el Congreso hacen prever, en el mejor de los casos, serias complicaciones para el debate y la aprobación de la iniciativa y, en el peor, el recurso de la prórroga por tercer año consecutivo.

El Presupuesto actualmente en ejecución es una prórroga del sancionado en 2022 para el año siguiente, con cambios en la realidad política desde entonces más que evidentes: la ley 27.701 fue aprobada en la Presidencia de Alberto Fernández y ejecutado originalmente por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en base a un proyecto que comenzó a ser elaborado en el final de la gestión de Martín Guzmán.

 

La primera prórroga fue para 2024, ante la falta de tratamiento del proyecto en medio de la campaña electoral de 2023, pero para el ejercicio 2025 -ya con Milei como presidente- se volvió a recurrir a una extensión al margen del Congreso, a pesar de haberse presentado un proyecto de ley que ni siquiera llegó a considerarse en comisión.

Esa fue la primera vez en toda la historia argentina que un presupuesto se prorrogó por dos años consecutivos: anteriormente, muchos presupuesto no se sancionaron dentro de los plazos establecidos, pero el Congreso sancionó la ley correspondiente con el ejercicio ya empezado, en tanto en los gobiernos dictatoriales obviamente no hubo obstáculos en aprobar leyes con un Parlamento desactivado.

 

Deterioro institucional 

 

La ASAP puso en evidencia el deterioro institucional en ese aspecto al comparar los primeros cinco años de vigencia  de la ley 24.156 de Administración Financiera (entre 1992 y 2017) con los ocho posteriores.

En el primero de los períodos consignados, “sólo en dos oportunidades se tuvo que recurrir a una prórroga del Presupuesto del año anterior”, en 2011 y 2016, pero “a partir de 2020, esta situación se dio en cuatro ocasiones, y en los últimos dos años, de manera consecutiva”, con las decisiones tomadas al respecto para los ejercicios 2020, 2022, 2024 y 2025.

 

Los alcances del Presupuesto

 

La entidad recalcó que “la falta de Ley de Presupuesto no se limita a una cuestión de formas”, ya que contempla varios aspectos de la realidad económica y política que abarcan desde cuestiones cotidianas como “las pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones” hasta “los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias”, además del plan de infraestructura y la emisión de deuda.

“A nivel procedimental, la falta de Ley de Presupuesto también afecta muy significativamente al funcionamiento cotidiano de las organizaciones públicas, ya que desincentiva la práctica de la programación presupuestaria para el ejercicio en curso y reduce la calidad de la formulación del presupuesto del ejercicio siguiente”, agregó.

 

En consecuencia, la Asociación consideró que “gobernar con un Presupuesto de prórroga implica renunciar a una herramienta clave de planificación, reduce la previsibilidad de las acciones del Estado, debilita los mecanismos de control, excluye la pluralidad en el proceso de toma de decisiones y revela la imposibilidad de alcanzar los consensos mínimos necesarios para llevar adelante las acciones de un Estado”.

“Por lo tanto, resulta imperioso que tanto el oficialismo como la oposición realicen los esfuerzos necesarios para alcanzar la Ley de Presupuesto 2026 y evitar de esa forma incurrir en una tercera prórroga consecutiva, lo que representaría un retroceso sin precedentes para nuestro país”, finalizó.