La Policía Federal de Brasil (PF) detuvo a cinco personas implicadas en un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Según Paulo Pimenta, titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el complot no se concretó "por detalles".

"Estamos hablando de una acción concreta, objetiva, que trae elementos nuevos, gravísimos, respecto de la participación de personas del núcleo de poder del gobierno de [Jair] Bolsonaro en el golpe que intentaron dar en Brasil, impidiendo la toma de posesión del presidente y el vicepresidente", afirmó Pimenta en declaraciones recogidas durante el programa del G20 en Río de Janeiro, y reproducidas por la Agencia Brasil.

Asalto al poder

"Lo que se sabe es que había un plan que debía ejecutarse el 15 de diciembre y que su objetivo era atacar directamente la vida del presidente Lula y del vicepresidente. Hablaron de la candidatura, de atacar la candidatura, por lo que tanto el presidente Lula como el ministro Alckmin fueron objetivos" agregó. Entre los objetivos también se incluía secuestrar y asesinar a Moraes, quien además es presidente del Tribunal Superior Electoral. La planificación habría sido encabezada por miembros de las fuerzas especiales del Ejército y figuras clave del entorno bolsonarista, según el funcionario.

Pimenta vinculó el intento de magnicidio con los hechos del 8 de enero, cuando simpatizantes de Bolsonaro invadieron sedes de los tres poderes en Brasilia. "Los mismos personajes que financiaron los campamentos frente a los cuarteles participaron en estos episodios", aseguró.

El funcionario también destacó que los detenidos incluyen al general retirado Mário Fernandes y a los tenientes coroneles Hélio Ferreira de Lima, Rafael Martins de Oliveira y Rodrigo Bezerra Azevedo. Además, fue arrestado el policía federal Wladimir Matos Soares.

 

Investigaciones

Las detenciones forman parte de la Operación Contragolpe, liderada por la PF. El Comando del Ejército confirmó que tres de los detenidos están en servicio activo, pero no participaron en la operación Garantía de Ley y Orden (GLO) desplegada para la cumbre del G20.

Pimenta rechazó cualquier posibilidad de amnistía para los responsables del intento de golpe y subrayó que "un crimen contra la democracia no puede ser tolerado".

"Esta investigación debe llegar a sus últimas consecuencias. La sociedad necesita entender que quienes atacan la democracia deben pagar por sus crímenes", concluyó.