En la última década, el trabajo en plataformas digitales pasó de ser una novedad tecnológica a una forma estructural de empleo en América Latina. Miles de personas dependen hoy de apps de reparto, transporte o servicios digitales para generar ingresos. Sin embargo, ese crecimiento vino acompañado de un vacío: la falta de reglas claras que garanticen derechos laborales básicos en un entorno dominado por algoritmos y contratos de adhesión.

A partir de ello, varios países latinoamericanos comenzaron a llenar ese vacío. Chile fue pionero en 2022 al aprobar la Ley 21.431, que reconoce a las y los trabajadores de plataformas como dependientes o autónomos, pero con derechos mínimos garantizados en ambos casos. México siguió en 2024 con una reforma que obliga a las plataformas a registrar ingresos, pagar aportes a la seguridad social y transparentar los algoritmos que asignan tareas. Uruguay y Colombia avanzaron en 2025 con marcos similares: leyes que obligan a informar sobre decisiones automatizadas, garantizan seguros por accidentes y reconocen el derecho a la organización sindical.

Aunque estos avances representan un cambio de época, también revelan sus límites. Las leyes latinoamericanas difieren en alcance, control y ejecución. En la mayoría de los casos, la línea entre “trabajador independiente” y “empleado” sigue difusa; la fiscalización es débil, y las grandes plataformas aún operan en zonas grises, sin domicilio legal local ni supervisión efectiva. Pero lo importante es que algo empezó a moverse: los Estados ya no aceptan que las plataformas definan unilateralmente las reglas del juego.

El caso argentino, en cambio, abre un capítulo distinto. Tras las elecciones de medio término, el gobierno de Javier Milei anunció una reforma laboral integral que podría incluir al trabajo en plataformas como parte de su agenda de “modernización”.

Aunque aún no hay texto oficial, los primeros borradores indican una orientación hacia la flexibilización y la reducción de costos laborales, lo que podría poner en riesgo el reconocimiento de derechos básicos si no se acompaña de un marco protector. En un país donde la informalidad y la desigualdad digital persisten, una regulación que confíe exclusivamente en la “autonomía” del trabajador puede consolidar la precariedad en lugar de resolverla.

Además, lo que ha circulado en los borradores del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei es que los acuerdos laborales podrán variar significativamente según la empresa, con una ampliación de las facultades del empleador para definir dentro de su organización o incluso individualmente las condiciones de trabajo.

En el empleo general esto implica que convenios colectivos y reglas uniformes podrían perder terreno frente a pactos empresariales o individualizados, con impacto en la dedicación horaria, la remuneración, las licencias y las formas de cese. En el contexto de las plataformas digitales esta lógica supone un riesgo aún mayor: podría perpetuar la predominancia de contratos de adhesión donde la plataforma fija unilateralmente los términos (horarios, rendimiento, recompensas, bloqueos), bajo la etiqueta de “autonomía” cuando en realidad predominan la dependencia y el control algorítmico.

De ese modo, si el nuevo marco normativo flexibiliza las condiciones sin contrapartidas vinculadas a derechos básicos, los trabajadores de plataformas podrían encontrarse en una doble brecha: sin la cobertura típica del empleo tradicional y con mayor vulnerabilidad frente a modelos tecnológicos de gestión y supervisión.

El panorama regional muestra, en definitiva, una oportunidad. América Latina tiene la posibilidad de consolidar una agenda común de derechos digitales del trabajo, basada en la experiencia acumulada y en los principios que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) busca consagrar en su futura Convención vinculante sobre trabajo en plataformas. Ese proceso global puede servir como escudo frente a la lógica desreguladora, fortaleciendo las capacidades estatales y garantizando condiciones equitativas entre empresas locales y gigantes tecnológicos.

Regular el trabajo en plataformas no significa frenar la innovación, sino ponerle rostro humano. Significa que quienes reparten comida, conducen autos o programan desde sus casas no dependan de un algoritmo inapelable. En esa frontera entre tecnología y derechos, América Latina puede ser pionera: el desafío estará en unificar las voces y convertir los avances regionales hacia una estrategia común, entendiendo que la flexibilidad no debe ser sinónimo de desprotección, sino de libertad con justicia social.