Se trata del mismo que entró a la Corte forzadamente por la banderola que abrió un decreto de Macri urdido por el prófugo Pepín Rodríguez. El mismo que entró con el aval del círculo rojo, al que asesoraba su estudio antes de ser juez. El que presidió el tribunal que pretendió canjear dos días de condena por cada uno de cárcel a los autores de los delitos de lesa humanidad, y que viene fogoneando resoluciones que ponen en jaque el Estado de Derecho. Sí, el mismo, y también es una definición.

El juez “supremo” eligió controvertir una frase, no cualquiera, tal vez “la frase” de Eva Perón, y eso, claro que es una definición. Rosenkrantz amplió que “obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”. Y más aún, afirmó que las discusiones políticas de fondo se dan porque “hay una situación de escasez”, y “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”. Y esa, decididamente es una definición.

La cuestión es que su razonamiento es de clara matriz neoliberal. La versión jurídica de la teoría del derrame. Según esta teoría no se puede repartir lo que no se tiene, con lo cual hay que hacer crecer la economía estimulando a los que más tienen, y cuando la economía esté robusta, “derramará” esa abundancia hacia abajo. Lo cierto es que esa teoría, parafraseando a Eco, no es más que “la estrategia de la ilusión”, una particular destreza del pensamiento único de vendernos la tierra prometida en el mediano y largo plazo a cambio del austericidio de hoy. Una promesa de derrame que nunca llega y nos condena a la miseria del presente perpetuo. Es como dijo Keynes, “en el largo plazo estamos todos muertos”.

Bueno, lo que plantea “el supremo” no es muy distinto: la existencia de un derecho está supeditada a la existencia de recursos. Si no hay recursos, no hay derecho. Y bajo este modo de ver las cosas, recursos no va a haber. Queda claro que esta es la mirada de los que hace décadas vienen sosteniendo el soft law, un derecho suave, lánguido, desprovisto de expectativas sociales y que sólo mantiene las formalidades republicanas: debemos aspirar sólo a una democracia de trocha angosta que no resuelve ninguna demanda social.

A diferencia de eso, y a contramano de lo sostenido por Rosenkrantz, y de quienes creen que no existe un mundo donde las necesidades sean derechos, nosotros decimos que ese mundo existió, y consagró como eje de las políticas públicas el derecho al goce colectivo o si prefieren, “la felicidad del pueblo”. En Argentina, ese mundo se llamó Peronismo.

Y en ese mundo feliz, los derechos sociales, sobre todo los de las mayorías populares, no dependían de lo que hubiera en la billetera, sino que nacían del reconocimiento de la propia condición humana. Porque todo ser humano tiene derecho al mínimo que su dignidad exige. Y además los recursos estaban, como lo están ahora, pero fue necesario redistribuirlos porque el problema no son los que reclaman derechos, sino los angurrientos de siempre.

Porque todos y todas, y todes, tenemos - como decía la Constitución del 49 -, derecho al bienestar, el derecho al buen vivir. Esos derechos que surgen de la necesidad, no se otorgan como acto gracioso del Estado o del poder económico, porque son previos a todo acto burocrático: esos derechos se reconocen. Derechos humanos les llaman.

Por eso Evita definió como nadie esos derechos, ese piso de dignidad que debemos tener todos y todas por el mero hecho de ser humanos: donde existe una necesidad, nace un derecho. Pero usted Rosenkrantz, obvio, no lo entendería.

 (*) Abogado laboralista, secretario académico de Relaciones del Trabajo (UBA)