La economía argentina se encuentra transitando un momento crítico que se expresa en un conjunto de dimensiones. Luego del rebote que siguió a la fuerte crisis de comienzos de 2024, la economía no está logrando superar la tendencia de estancamiento estructural que atraviesa hace años. Los últimos datos de actividad económica del INDEC indicaron para mayo un estancamiento en los niveles de febrero que, si bien está por encima del 2023, se mantiene levemente por debajo del 2022 y, más aún, de lo registrado en 2017. Esto se agrava si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico y la consecuente reducción del ingreso per cápita. Por otra parte, el estancamiento que se registra a nivel general es el resultado de movimientos contrapuestos entre los sectores favorecidos y perjudicados por el modelo libertario.

Si se hace una comparación contra 2022, los sectores que más crecieron fueron el de explotación de minas y canteras (20,1%), que consolidó una tendencia creciente desde la pospandemia, y el de intermediación financiera, que estuvo dinamizado por la expansión del crédito (9,6%). En cambio, la industria y la construcción se mantienen firmes entre los segmentos más perjudicados, con caídas cercanas al 11% y al 16%, respectivamente.

El estancamiento económico se inscribe en un contexto en el cual el Gobierno ha buscado contener la inflación en los últimos meses mediante una fuerte apreciación cambiaria que ya expuso sus límites, el sostenimiento del ajuste fiscal y el freno en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la capacidad de consumo de los hogares. Con respecto a esto último, las ventas en los supermercados aún se encuentran en mínimos históricos y en el caso de los autoservicios mayoristas están actualmente incluso por debajo del recesivo 2024, según datos oficiales.

Los niveles deprimidos de consumo masivo convivieron en los primeros meses de 2025 con un significativo incremento evidenciado en el patentamiento de vehículos, ventas de electrodomésticos y turismo al exterior, dando cuenta de las desiguales dinámicas de consumo entre los segmentos acomodados y los de ingresos medios o bajos.

La evolución heterogénea del poder de compra de la población queda fácilmente expuesta con los datos salariales del INDEC, aunque (casi) todos pierden cuando hablamos de ingresos. En el sector privado, los salarios reales del segmento formal comenzaron a bajar en enero y ya se ubican, en promedio, por debajo de noviembre 2023, mientras que la pérdida es contundente en el sector público: hasta mayo, los estatales provinciales sufrieron un recorte del 6,7% y los nacionales ya acumulan una contracción del 31%. Por su parte, las jubilaciones mínimas perdieron un 4,3% a lo largo de la actual administración nacional por el congelamiento del bono, mientras el Gobierno frena cualquier iniciativa que pretenda recomponer mínimamente los ingresos de los jubilados, que se ubican un 33,5% por debajo de diciembre 2021.

Al tiempo que obstaculiza la recomposición de los heberes previsionales con argumentos fiscalistas, la gestión libertaria cedió ante la presión agropecuaria estableciendo la baja permanente de los derechos de exportación para un conjunto de productos, al tiempo que la suba del dólar registrada en las últimas semanas contribuye a incrementar los beneficios de este sector.

La profundización acelerada de la crisis externa llevó al Gobierno a resignar recaudación mientras flaquea el ancla cambiaria, con el consecuente impacto que pueden tener el traslado de la suba del dólar y la baja de retenciones en los precios de los alimentos.

Por otra parte, la reducción de los derechos de exportación se sitúa en un conjunto de medidas de política tributaria adoptadas por el Gobierno que profundizan la orientación regresiva del régimen tributario. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), casi el 80% de la recaudación del primer semestre estuvo explicada por solo tres componentes: IVA (33% del total), ingresos de la seguridad social (24%) e Impuesto a las Ganancias (20%). En ese marco, el IPYPP destaca que los recursos del Estado provienen casi por completo de los ingresos de la seguridad social, de gravar el consumo y de la imposición sobre los salarios y las jubilaciones, con una menor presión sobre las empresas. Asimismo, la regresividad de las finanzas públicas libertarias se agrava debido a que el fuerte ajuste efectuado sobre el gasto primario se da en paralelo a un aumento exponencial de los intereses capitalizados de los instrumentos de deuda del Tesoro, que si bien no se registran en el resultado financiero se postergan y se acumulan a un nivel tal que ya superan el gasto total destinado a jubilaciones y a pensiones. En definitiva, si "todo marcha acorde al plan", queda claro que el plan implica retroceso industrial, ajuste en los bolsillos, consumo masivo deprimido y redistribución regresiva de los ingresos socialmente generados.