Las bombas rusas de ayer no solo cayeron en el Donbass y al este de Kiev. A 13 mil kilómetros, frente a la Plaza de Mayo, la onda expansiva sacudió todo el quinto piso del Ministerio de Economía. No solo por la disparada inmediata del petróleo y del gas, que liquidó las últimas esperanzas de que este año se reduzcan los subsidios a la energía en la medida que exige el Fondo Monetario. También por el efecto inflacionario que suele seguir a esos incrementos y que ahora amenaza seriamente con llevar a Alberto Fernández a superar el récord del 53,8% que marcó el INDEC para Mauricio Macri en 2019.

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El clima en la Unidad Ministro ya era tenso, como entre las dos ex repúblicas soviéticas, por los celos que generó el hermetismo de las negociaciones con el Fondo y por desacuerdos internos en su cierre apresurado. Eso incluyó un amague de renuncia en el corazón del equipo económico que Martín Guzmán logró frenar al menos por ahora y que, de producirse, también lastimaría al acuerdo: la del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, experimentado técnico, fluido en su british english y protagonista del tramo más áspero de las discusiones con Washington.

Aunque la eventualidad de la guerra abierta no figuraba en el borrador del pacto con el FMI que publicó este diario el fin de semana pasado (y que ya tenían en su poder desde varios días antes al menos dos CEOs de multinacionales y un puñado de empresarios locales), un miembro del equipo negociador dijo a BAE Negocios que después del 12 de febrero se incluyó un ‘waiver’ específico al respecto. La cláusula aclaraba que en caso de estallar un conflicto bélico que involucrara a grandes potencias, sus proyecciones podrían verse alteradas y algunos de los requisitos del Fondo incumplidos. Quedó vieja en menos de una semana.

Ahora falta ver bajo qué parámetros puede rehacerse un acuerdo que en el Congreso el oficialismo ya especulaba con tratar entre el 10 y el 11 de marzo, menos de dos semanas antes del vencimiento del 22. Si las variables del borrador ya no eran para nada alentadoras, ahora deberán revisarse a la baja. Proyectar que el PBI crezca este año un 3,5% y los dos siguientes 2,5%, como preveía ese ‘memo’ en su escenario más conservador, puede pecar de excesivo optimismo si la inflación mundial pega un salto y las tasas de interés potencian un ‘vuelo a la calidad’ que siempre se da en las conflagraciones de alcance global. Dado que Fernández también aceptó fijar el crecimiento anual como tope a la recuperación real anual de los salarios del Estado, la mala noticia va a ser muy tangible para miles de empleados públicos que ya vieron recortados sus ingresos en un 30% desde 2017.

La insostenibilidad del programa, de todos modos, es más vertebral. Uno de los compromisos más duros que asumiría el Gobierno, detallado en la página 12 del borrador del 12 de febrero, es que “la tasa de variación del tipo de cambio oficial preservará la competitividad al mantener el tipo de cambio efectivo real sin alteraciones en relación con los niveles de finales de enero de 2022”. Es decir, que el dólar oficial acompañará a la inflación. En un país donde los precios se mueven en buena medida al compás del valor de la divisa, el riesgo es que el perro se muerda la cola como cuando Macri lo dejó escapar de $18 a casi $60. Con un piso mucho más alto.

Tampoco habría que perder de vista el efecto psicológico de la nominalidad. Si se indexa el dólar de ese modo (algo que procura que el Banco Central acumule reservas para que en algún momento el Fondo recupere lo que le prestó a Macri), el oficial valdría $150 a fines de este año y $225 a fines del próximo. Es una cuenta conservadora, válida solo sin un tarifazo como el que haría falta para achicar subsidios con el gas tan caro. Suponiendo que la brecha se estabiliza, el Frente de Todos llegaría a las elecciones con un dólar paralelo en torno a los $400.

El problema adicional es que el programa pactado por Sergio Chodos y Guzmán con el staff de la calle 19 necesita que la inflación se mantenga alta. No resistiría una espiralización, pero tampoco una baja sensible. Si bajara del 50% al 35%, con casi el 60% del gasto primario indexado a la inflación pasada, la meta de reducción del déficit se convertiría en una quimera porque los ingresos crecerían menos que el gasto, aún creciendo. También entraría en zona de riesgo el balance del Banco Central, porque sus pasivos dejarían de licuarse en relación a sus activos.

 Eso explica no solo que las consultoras cuyos pronósticos releva el Central proyecten un 55% de inflación para este año, muy por arriba del 38% al 48% que prevé el borrador. También ayuda a entender que, aún después de anunciado el acuerdo por ambas partes, el mercado siga valorando los bonos argentinos a precio de default. Un acuerdo imposible de cumplir incluso en su primer año de vigencia equivale a la nada misma para cualquier inversor.

Sordos ruidos

Cristina Kirchner, mientras tanto, cavila sus próximos pasos en silencio y solo consulta con un puñado de personas de su estrechísima confianza. La vicepresidenta da por hecho que el candidato opositor a la presidencia será Macri, algo que el albertismo descarta, y cree que el escenario más probable es que le gane al Frente de Todos. No es una corazonada sino su proyección de las penurias que cree que traerá aparejado el pacto con el FMI y la conclusión de los sondeos que le proveen Analogías y Ricardo Rouvier, que reflejan nítidamente que el grueso de la población ya olvidó quién contrajo el préstamo más grande de la historia del ente multilateral.

Los integrantes de la agrupación Soberanxs, que animan kirchneristas como Amado Boudou, Gabriel Mariotto y Alicia Castro, se sorprenderían con el resultado si se llevara adelante la consulta popular vinculante que propusieron anoche en un acto para que el electorado se exprese antes de que el Congreso. Según la encuesta de Rouvier que llegó al Senado, el 90% de la población desea que haya un acuerdo con el Fondo. Y no varía mucho según el voto: entre los simpatizantes de Juntos por el Cambio es un 96% y entre los del Frente de Todos, un 85%. 

¿Olvidó acaso la población las penurias que trajeron aparejados los 22 acuerdos previos con el FMI, de 1958 a 2018? ¿Tan poderoso es el dispositivo mediático que blinda a Macri? Probablemente la respuesta a ambas preguntas sea afirmativa, pero hay un factor adicional: la crisis que precipitó la eyección del expresidente de la Rosada nunca terminó de estallar, precisamente porque el Fondo llegó para rescatarlo. Fue un default asordinado, que ahora el mercado convirtió en expectativa de una pronta nueva reestructuración con quita. Algo que, de producirse, no dejaría bien parado a Guzmán para dar cátedra sobre la materia en Columbia.

Rota irreversiblemente su relación con el ministro y enfriado también su vínculo con Axel Kicillof después del entredicho entre ambos por la renovación del gabinete bonaerense tras la derrota electoral de noviembre, la vicepresidenta retomó el casting para elegir un nuevo economista de cabecera. Sigue escuchando a Martín Redrado, pero con más atención y con frecuencia semanal recibe a Felisa Miceli, casualmente ministra en el momento en que Néstor Kirchner tomó la decisión de saldar anticipadamente la deuda con el FMI.

 Miceli no comparte las formas de Soberanxs, que entiende que los empujan a la marginalidad dentro del Frente. Se sabe neutralizada para ocupar cargos de alta visibilidad por el escándalo del dinero hallado en su despacho, por el que terminó condenada por encubrimiento y por sustraer un acta policial, aunque nunca haya ido presa ni se haya comprobado que la plata tuviera origen ilícito. En pos de imaginar alternativas al ajuste que implicará necesariamente el acuerdo con el Fondo, al menos si se mantiene la letra del borrador, la exministra redactó un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 20% a todo el dinero no declarado que encuentre la AFIP en el exterior, y que eso se destine al pago de la deuda. Es a imagen y semejanza de una ley estadounidense que incorporó la figura del denunciante (pensando en contadores, secretarias o excónyugues) y le asignó como premio un 30% de lo que se recaude.

Cristina llegó a enviarle ese proyecto a Guzmán en diciembre, antes de que se volviera a romper su relación. El ministro le dijo que le parecía bien, pero después las negociaciones se precipitaron y quedó en letra muerta.

El Cairo-Kiev-Buenos Aires

Al margen de su viabilidad, el proyecto pone en discusión el problema de sobre quién recae el peso del pago de la deuda con el FMI. Algo que, con la soja rozando su récord de diez años atrás, también puso en entredicho la Sociedad Rural con su amparo para dejar directamente de pagar retenciones a la exportación. A un gigante tambaleante se le anima cualquiera.

Es lo que también estuvo en debate en Ucrania en cada renegociación de los paquetes de asistencia con los que el FMI viene asistiendo a sus gobiernos desde poco después de la caída del Muro de Berlín. Paquetes que se hicieron más cuantiosos desde el golpe pro-occidental y anti-ruso de 2014. Apenas un año después, el Fondo le asignó a su gobierno un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, como el que se firmaría ahora acá) por U$S 15.500 millones. El mayor hasta entonces. 

Hoy Ucrania es el tercer deudor del FMI (6,9% de su cartera activa), después de Argentina (28,1%) y Egipto (13,5%). Aquel EFF de 2015 fracasó estrepitosamente y debió ser reemplazado por un StandBy, que Kiev debe renegociar año a año.

El caso de Egipto también tiene enseñanzas para la Argentina. En agosto de 2016 su gobierno pactó un préstamo por U$S 12.000 M (422% de la cuota egipcia) a través de un EFF a 3 años. Puso en marcha un plan de liberalización de la economía y un fuerte ajuste del gasto. Congeló los salarios públicos desde fines de 2018 hasta principios de 2021 (lo cual ahorró un 3% del PIB durante el primer año) y creó un impuesto al valor agregado (IVA) con una alícuota del 13%. El más injusto de todos los impuestos, pero el más fácil de recaudar.

Su saldo fue que las reservas aumentaron, el déficit bajó y la deuda pública quedó bajo control. Pero la pobreza aumentó once puntos y el desempleo no mejoró. La mitad de la población participa en apenas un 17% del PBI. A veces para invadir no hacen falta bombas.