El Boletín Oficial informó a fines de junio que el Estado a través de la Administración General de Puertos se hace cargo de la gestión del mantenimiento del río Paraná, la vía de ingreso y egreso del 80% del comercio de bienes del país (*1). El tema es motivo de debates desde hace tiempo, especialmente con el vencimiento de la concesión a manos de una expresa extranjera asociada a otra local, bajo el nombre de “Hidrovía”. Interesa diferenciar el nombre de la empresa concesionaria del fenómeno asociado al curso de agua, verdadera “autopista” naval, con interés económico social más allá del comercio exterior. Son variados los interesados en el aprovechamiento del curso de agua, sea para el consumo personal o las pequeñas actividades que necesitan del río, para la agricultura, la ganadería, la pesca, incluso el uso industrial del polo manufacturero instalado en cercanías del Paraná.

Para un caso u otro, no es lo mismo cualquiera de las decisiones que se asuman. De ahí las diferencias de criterio, entre quienes piensan al agua como bien común o como sustento de apropiación privada para la lógica mercantil y la acumulación. Todas las actividades mencionadas contribuyen al uso y abuso del río y a su contaminación, claro que, en distinta proporción, contribuyendo al deterioro del medio ambiente. Es sin duda un tema estratégico vinculado a la salud, al medio ambiente y a la economía, no solo de las generaciones actuales.

La medida adoptada genera oposición y apoyo, como casi todo lo que se decide en un país en conflicto sobre el rumbo.

Por un lado, la crítica en defensa de la orientación privada, en sintonía con una lógica global favorable a la iniciativa privada en el último medio siglo. Un rumbo acumulado con privatizaciones diversas de la actividad económica, con puertos y medios de transporte, el ferroviario, naval, aéreo o carretero. La tendencia a la ampliación de las privatizaciones define la crítica a la medida adoptada, convergente con tendencias contemporáneas globales por incorporar al agua como una mercancía más, ejemplo de lo cual lo constituyó la inclusión de los derechos de uso del agua en el mercado de capitales de California, EEUU.

En otro sentido, los apoyos a la decisión oficial están asociados a una lógica que discute las tendencias principales de la política liberalizadora de las últimas décadas. En rigor, los apoyos habilitan un debate sobre quien define el modelo productivo. Unos se afirman en el papel del Estado como organizador principal de la economía, y otros sostienen la búsqueda de mecanismos alternativos, tales como formas de autogestión, comunitarias o asociativas, con o sin participación estatal. La soberanía aparece como argumento en el centro de las posiciones, afincada en el Estado Nación, en algunos casos, y en otros en la sociedad, con relativa participación o control del ámbito estatal.

La discusión es sobre el Río Paraná, pero más de fondo por el modelo productivo y de desarrollo. Hace décadas que Argentina arrastra problemas estructurales, que se manifiestan en la inflación recurrente y el escaso crecimiento, en un marco de deterioro de sus indicadores sociales. No se trata de un gobierno o de otro, sino del rumbo más general, lo que supone discutir el destino del excedente económico para aplicarlo a la solución de fenómenos como el de la pobreza, el desempleo, la precariedad y la insatisfacción por bajos ingresos de millones de personas. La reproducción social está estrechamente vinculada a la aplicación del excedente, que hace tiempo fluye al exterior, sea por el condicionante de la deuda, las remesas de utilidades al exterior o la constitución de activos fuera del país.

En rigor, no solo se trata de discutir el orden económico local, sino pensar una articulación regional del país, ya que, si de la cuenca del Paraná hablamos, ello remite a otros ríos cuyas aguan bañan también a los países vecinos, con los que se requiere el debate de propuestas en común, con todos los límites de políticas no necesariamente convergentes en una compleja coyuntura mundial.

* Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular en Economía Política, UNR. Integrante de la Junta Directiva de la Sociedad latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.

*1 Boletín Oficial. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. Decreto 427/2021; 30/06/2021, en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246303/20210701