Dos áreas no fabriles pero sensibles son noticia por estos días debido a tensiones con epicentro en cuestiones presupuestarias, salariales y, por ende, con raíz política, originadas en decisiones del Gobierno. Uno de los casos se desarrolla en el Hospital Garrahan, donde la asignación de fondos derivó en una secuencia conflictiva que llevó al dictado de la conciliación obligatoria como tregua forzada para frenar medidas de fuerza.

El otro foco se encuentra en el ámbito de la enseñanza, que ya generó manifestaciones masivas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. Se trata de la universidad pública, donde los rectores elevaron un proyecto legislativo para establecer la disposición de fondos estatales para su funcionamiento.

En ambos casos —y sin lugar para casualidades— la coyuntura remite a una discusión gremial profunda sobre la “conciencia de clase” y, con tono agudo, al debate sobre qué sectores del mundo del trabajo asumen plenamente esa identidad, especialmente cuando se enfrentan a conflictos salariales o de condiciones laborales, como ocurre en gremios industriales y de servicios.

Frente a la situación del Hospital Garrahan, un grupo de diputados nacionales encabezado por Carla Carrizo (Democracia para Siempre) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la asfixia presupuestaria y las precarias condiciones salariales de residentes y profesionales de ese nosocomio.

La diputada radical solicitó al Gobierno que informe el presupuesto asignado al hospital pediátrico para el ejercicio 2025, y si hubo transferencias de fondos en lo que va del año. El escrito requiere precisiones sobre los créditos iniciales y ejecutados, gastos de funcionamiento, partidas destinadas al personal y la evolución presupuestaria desde enero de 2024 a la fecha.

Carrizo también pidió información sobre recomposiciones salariales otorgadas desde el 10 de diciembre de 2023, fecha de inicio de la actual gestión. Solicitó detalles sobre fechas, porcentajes y criterios de actualización utilizados. En forma vinculante, requirió conocer el porcentaje del presupuesto total del Garrahan destinado a salarios y si se realizó algún estudio para revisar la distribución del presupuesto con el fin de mejorar las remuneraciones.

En cuanto a la relación entre autoridades y trabajadores/as, también se solicitó información sobre eventuales reuniones entre el Ministerio de Salud y representantes gremiales, médicos y residentes, indicando fechas, participantes y si hubo acuerdos o compromisos asumidos por la cartera sanitaria.

Carrizo además preguntó qué medidas se prevén para frenar la fuga de profesionales en la atención médica del hospital. Pidió datos sobre los programas de formación médica, incluyendo número de residentes en formación, tasas de deserción y proyecciones para futuras convocatorias.

El pedido se completa con un requerimiento sobre las condiciones laborales y formativas de los residentes: mejoras salariales, carga horaria, acompañamiento pedagógico y otros incentivos para evitar la deserción y garantizar la calidad de la formación profesional.

En este contexto —y al igual que en otros casos de conflicto laboral que se agravaron en los últimos meses— el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el Garrahan. La medida busca frenar una reducción de tareas iniciada por el personal y suspender un paro de residentes previsto para este jueves. La resolución emplaza a las organizaciones sindicales, ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, a levantar todo el cronograma de medidas de fuerza.

 La defensa por la universidad pública ya recorrió las calles de Buenos Aires y provincias

Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron un nuevo proyecto para establecer por ley el financiamiento de las universidades nacionales. Se trata de una iniciativa similar a la aprobada en agosto de 2024 —y luego vetada por el presidente Javier Milei— que proponía fijar los fondos necesarios para sostener salarios docentes y no docentes mediante paritarias, así como los gastos operativos del sistema universitario.

Según datos oficiales, los salarios representan hoy el 90 % del presupuesto total de las universidades, mientras que los gastos de funcionamiento apenas el 10 %. En 2024, docentes y no docentes sufrieron una pérdida salarial cercana al 80 % frente a la inflación.

El nuevo proyecto impulsa garantizar sueldos ajustados por inflación y compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. Además, propone crear un fondo para carreras estratégicas y establecer un esquema de aumento progresivo de la inversión estatal hasta alcanzar el 1,5 % del PBI en 2030.

Con el apoyo de los gremios, los rectores apuestan a que el Congreso trate y apruebe esta iniciativa, con la que buscan poner freno al llamado “plan motosierra” del Ejecutivo.

Fuentes sindicales detallan que los trabajadores universitarios recibieron en enero un aumento del 1,5 % frente a una inflación del 2,2 %; en febrero, 1,2 % frente al 2,4 %; en marzo, 1,3 % ante el 3,7 %; y en abril, 1,3 % frente a una inflación del 2,8 %. El cálculo gremial indica que la pérdida acumulada equivale a cinco sueldos y medio desde diciembre de 2023.

“Estamos frente a una pérdida salarial récord, que se profundiza mes a mes con aumentos dictados unilateralmente por el Gobierno, que desconoce la negociación paritaria y otorga subas siempre por debajo de la inflación”, afirmó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).
Por su parte, Ileana Celotto, secretaria adjunta, sostuvo: “Esta lucha no es sólo en defensa de los salarios, sino también de la universidad pública”.

Finalmente, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, remarcó: “No estamos presentando una ley como la del año pasado, que resolvía coyunturalmente el déficit del presupuesto 2024. Ahora proponemos una ley para que sea el Congreso, de manera transparente, el que defina cuánto deben recibir las universidades y de dónde saldrán esos recursos”.