A medida que Argentina se acerca al final de 2023, el panorama económico se encuentra marcado por una incertidumbre creciente y una aceleración inflacionaria sin precedentes desde la hiper de fines de los años 80. Las últimas cifras indican una inflación que podría rondar el 30% mensual para diciembre, impulsada por un aumento del 118% en el dólar oficial y la consecuente suba en los precios de alimentos y bienes de consumo .

A modo de adelanto, la consultora EcoGo reportó un aumento del 10,4% en alimentos en solo siete días, lo que proyecta una inflación de alimentos de hasta 33,2% mensual, lo que se ejemplifica con otros sectores como pasajes de avión y carnes, con aumentos alarmantes en solo una semana.

En este contexto, el gobierno de Javier Milei ha implementado un conjunto de medidas económicas enfocadas en la estabilización, apuntando a una fuerte contracción fiscal. Las medidas que atañen al resultado de las cuentas públicas incluyen la suspensión de la movilidad jubilatoria, la no renovación de contratos laborales del último año, la suspensión de la pauta oficial, eliminación de adelantos transitorios del Tesoro a las provincias, y un aumento de los derechos de exportación para la mayoría de los sectores productivos. A la vez, el gobierno ha determinado la cancelación de licitaciones de obra pública y la reducción de subsidios a la energía y al transporte, en un intento por equilibrar las finanzas públicas, bajo la creencia de que, con ello, la inflación comenzará a ceder.

Por el lado monetario, las señales son un poco más contradictorias. La baja de la tasa mínima de los plazos fijos de 133% a 110% siembra más dudas que certezas respecto de cuál será el destino de los pesos de aquellos ahorristas que no quieran renovar las colocaciones. Del mismo modo, aunque con cursos de acción mucho más restringidos por la regulación, el recorte en la oferta de instrumentos para ubicar la liquidez de los bancos tampoco aporta mayor certeza al escenario.

En este contexto, el gobierno salió también con dos de sus más preciados estandartes: un protocolo antipiquetes para encorsetar la protesta social, y un proyecto de DNU con reformas laborales.

El primer elemento ya ha sido extensamente analizado por juristas de distintas vertientes y, en principio, no parece tener demasiado sustento de nuestra carta magna para su plena aplicación, especialmente en casos de manifestaciones masivas. Sin embargo, sí tiene el efecto de tensar las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales, y también opera como claro mensaje de que la protesta social será reprimida tanto en lo físico como en lo económico, materializado en la frase "el que corta no cobra".

El segundo elemento es aún más incipiente y recién comienzan a circular versiones acerca de su contenido. Y es que el gobierno se enfrenta a una dura contradicción entre la profundidad de las reformas que busca hacer, y los consensos necesarios - que no parece tener- para hacerlos en el marco de las normas de nuestro sistema de gobierno representativo, republicano y federal.

Los detalles del DNU

Los rumores sobre el "famoso DNU" son más que preocupantes. En primer lugar, se encuentra la clásica reducción de aportes patronales a la seguridad social. Esta medida ya intentó implementarse varias veces con gobiernos de distinto corte ideológico, pero no evidenció resultados satisfactorios.

Asimismo, se plantea la extensión del periodo de prueba que actualmente es de tres meses. Si este período se amplía por un período mucho mayor llevaría, por un lado, al camuflaje de formas precarias de contratación, pero también podría conducir incluso a un aumento de costos para las empresas que, alentadas a desvincular a un bajo costo, no tendrían incentivos a mejorar sus mecanismos de selección y deberían estar capacitando permanentemente nuevos trabajadores. También se plantearía reducir las categorías que componen las indemnizaciones, excluyendo conceptos no remunerativos.

Finalmente, se buscaría crear un fondo de cese laboral para cubrir las indemnizaciones por despido, iniciativa que se ha intentado y descartado en numerosas ocasiones por tratarse de una medida que establece un costo fijo para las empresas como cobertura para un costo eventual. De esta manera, esto termina penalizando a las firmas más modernas y con mejores procesos de selección de personal y mejor gestión en el área de Recursos Humanos. Esto no sorprende ya es que el presidente siempre se mostró a favor de medidas que desregulan las relaciones laborales, entendiéndolas como un acuerdo entre partes.

En el umbral del cierre de este turbulento año en Argentina, la nación se encuentra inmersa en un escenario económico desafiante, teñido por la incertidumbre y una inflación inusitada. La aceleración de los precios, impulsada por variados factores, ha dejado a la población y a las empresas en una encrucijada, buscando respuestas a medida que se aproxima el nuevo año.

Las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei han generado intensos debates y análisis. La apuesta por una contracción fiscal y la estabilización económica mediante la suspensión de la movilidad jubilatoria, la no renovación de contratos laborales y otros ajustes, reflejan un intento de equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, la incertidumbre persiste en cuanto a los resultados y la efectividad de estas medidas para frenar la inflación.

En el ámbito laboral, el proyecto de reforma planteado por el gobierno ha levantado ampollas y generado preocupación en diversos sectores. La reducción de aportes patronales, la extensión del periodo de prueba y la posible modificación de las categorías que componen las indemnizaciones son propuestas que generan inquietud y cuestionamientos. La creación de un fondo de cese laboral también ha suscitado debates, destacando las posibles consecuencias para empresas modernas y eficientes en la gestión de recursos humanos.

Además, la implementación de un protocolo antipiquetes y el proyecto de DNU evidencian una postura gubernamental de firmeza frente a la protesta social, planteando desafíos para la relación entre el Estado y los movimientos sociales.

En este cierre de año, la incertidumbre económica y las medidas propuestas generan más preguntas que respuestas sobre el futuro de Argentina en el próximo año. La sociedad aguarda con expectación los desafíos y cambios que traerá consigo el nuevo período, en medio de un contexto que demanda respuestas claras y soluciones efectivas para superar los desafíos económicos actuales.