Tras las últimas elecciones bonaerenses, el caso de Bahía Blanca volvió a estar en centro del debate público. Las inundaciones que arrasaron la ciudad meses atrás dejaron un significativo saldo económico y social, que estuvo acompañado por diversos cuestionamientos hacia la ayuda (o la falta de ella) del Estado nacional.

Pero Bahía Blanca no es un caso aislado: distintos municipios de la provincia de Buenos Aires enfrentan riesgos crecientes debido al cambio climático, lo que plantea la necesidad de analizar la vulnerabilidad del territorio en su conjunto.

La extensa superficie bonaerense, que combina grandes centros urbanos con zonas rurales productivas y áreas costeras turísticas, la convierte en una de las jurisdicciones más expuestas a las amenazas climáticas. Entre ellas, los desastres hidrológicos (inundaciones) son los de mayor incidencia, representando cerca del 50% de los eventos registrados en el país en los últimos veinticinco años.

Los datos reflejan un patrón regional: la zona pampeana concentra el 35,5% de los desastres climáticos, y dentro de ella Buenos Aires es la más afectada. La amenaza se amplifica con un factor adicional: la elevación del nivel del mar. Según Climate Central (2025), las áreas costeras bonaerenses están en la primera línea de riesgo. Ciudades turísticas como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell enfrentan la posibilidad de padecer inundaciones y erosión acelerada, mientras que el Área Metropolitana (con municipios como Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Lanús y Quilmes) también se encuentra en situación crítica por su cercanía al Río de la Plata y su baja altitud.

El origen de este fenómeno se encuentra en procesos globales: el derretimiento de glaciares en Groenlandia y la Antártida, que liberan volúmenes crecientes de agua hacia los océanos, y la expansión térmica del agua marina como consecuencia del aumento de la temperatura. Estos factores configuran un escenario que incrementa la vulnerabilidad de Buenos Aires, tanto en sus costas como en su interior productivo.

Los eventos climáticos se traducen en diversos daños económicos. De acuerdo con la base internacional EMDAT, las inundaciones son responsables del 55,1% de las pérdidas ocasionadas por desastres naturales en Argentina, muy por encima de las sequías (34%), los incendios (6,3%) y las tormentas (3,5%).

En términos sociales concentran el 51,5% de las muertes vinculadas con eventos climáticos y el 76,9% de las personas afectadas.

En este mapa de riesgos, Bahía Blanca aparece como un caso emblemático. La inundación de marzo, con pérdidas estimadas en USD375.000, evidenció las limitaciones que atraviesan muchos municipios bonaerenses al momento de enfrentar emergencias. Según estimaciones, una inversión en adaptación de apenas USD93.700 podría haber reducido significativamente el impacto económico generado por el desastre, lo que abre la discusión sobre el costo de no actuar ante riesgos cada vez más previsibles.

Argentina carece de un plan específico de financiamiento para inversiones en adaptación climática. Aunque existe un impuesto sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono (que en términos conceptuales podría considerarse un "tributo verde"), los recursos recaudados no se destinan con fines ambientales.

Este impuesto representa actualmente alrededor del 0,5% del PBI (unos USD3.200 millones). Destinar un ínfimo porcentaje de ese monto a obras de adaptación hubiese permitido evitar gran parte de las pérdidas registradas en Bahía Blanca.

La estimación se sustenta en la evidencia internacional: en los países en desarrollo, cada dólar invertido en resiliencia genera un ahorro de entre USD4 y USD7 en daños. Este contraste entre costos evitables y perjuicios sufridos permite dimensionar la magnitud del desafío que enfrentan la provincia de Buenos Aires y, en términos más amplios, Argentina en su conjunto.

La desigualdad también es un componente central del problema. Los grupos más vulnerables (familias de bajos ingresos, mujeres, niños, personas mayores, migrantes y personas con discapacidad) son los más expuestos y los que enfrentan mayores dificultades para recuperarse luego de cada evento. Esto amplifica las brechas sociales preexistentes y refuerza la necesidad de implementar políticas públicas que prioricen la resiliencia en aquellas comunidades con menos recursos.

Para un territorio que concentra cerca del 40% de la población del país y buena parte de su actividad económica, la pregunta ya no es si se debe invertir en adaptación sino cuánto más se está dispuesto a perder por no hacerlo.