Una visión rupturista sostiene que, para que la economía se ponga al servicio de la sostenibilidad de la vida, hay que crear un sistema económico desde cero pues este necesita el trabajo gratuito de las mujeres. Sin embargo, desde el activismo y la fuerte responsabilidad con el territorio que tienen los movimientos feministas, la economía feminista debate diferentes opciones de conciliación, es decir, políticas para cambiar las cosas sin cambiar todo el sistema, pero sí logra transformar la desigualdad del cuidado y su reflejo que es, sin duda, la desigualdad de género.

El objetivo de las políticas de conciliación es alcanzar las “5 R”: redistribuir el cuidado, reconocer el trabajo de cuidado, remunerarlo, reducirlo y representarlo.

• Redistribuirlo tanto entre mujeres, varones y otras identidades como entre las distintas organizaciones de la sociedad: los hogares, las empresas, los sindicatos y la comunidad.
• Reconocerlo significa contabilizarlo y valorar socialmente la contribución de esas labores.
• Remuneralo implica pagarle con dinero a las personas que lo realizan. 
• Reducir el trabajo de cuidado en la medida en que sea innecesario o tecnológicamente atrasado y, por ello, lleve más tiempo. Por la ejemplo, la cantidad de mujeres que en la ruralidad pasan varias horas de su vida yendo a buscar agua a algún pozo. También reducirlo en la medida en que pueda representar menos tiempo si se realiza en escala; por ejemplo, los esquemas de cuidado comunitario entre familias liberan un tiempo que, de otra forma, pasaría cada madre cuidando individualmente.
• La última R, “representar”, la agregó la OIT hace muy poquito. Se trata de que aquellos que trabajan en la economía del cuidado estén representados en los organismos de decisión, como los sindicatos, los gobiernos y las empresas. Y que nadie hable por ellas.

 

"Así como el Estado se pone el sombrero de la educación o el de la salud también tiene que ponerse el del cuidado. Tiene que mirar qué calidad de cuidado buscay qué calidad de vida quiere que tengan las personas que se dedican a cuidar" 

 

Se entiende que trabajar sobre las “5 R” permitirá eliminar la desigualdad en las tareas de cuidado y con ello se desarmará la base de las desigualdades en el mercado laboral, así como también la distribución del ingreso y la participación política. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ejecutar las “5 R”?

Existe una gran cantidad de políticas recomendadas y su utilidad y posibilidad de ampliación dependen mucho de cómo está conformado el resto de las políticas sociales.

Los países con una tradición socialdemócrata ya contaban con políticas en esta línea incluso antes de plantear su uso para reducir la desigualdad de género. Asimismo, los países con menor desarrollo de un estado de bienestar tienen la oportunidad de diseñar todo desde cero. El paso inicial es que el Estado piense el cuidado como un tópico de política pública.

Así como el Estado se pone el sombrero de la educación o el de la salud también tiene que ponerse el del cuidado. Tiene que mirar quién cuida, cómo y hacia dónde quiere ir, qué calidad de cuidado busca que sus ciudadanos obtengan y qué calidad de vida quiere que tengan las personas que se dedican a cuidar.

El Estado tiene que tener una mirada integral sobre un tema que nunca pensó, ya que lo tomaba como una responsabilidad de los hogares. Frente a este escenario se considera política de cuidados a “la diversidad de instrumentos para responder a las necesidades de las personas que requieran cuidados y que cuidan, y su articulación con las políticas sectoriales de la salud, educación, seguridad social y empleo, entre otras. Para pensar en la integralidad que deberían tener estas políticas se habla sobre la necesidad de construir un “sistema integral de cuidados”.

Estos suelen estar compuestos por diversas políticas, como la expansión de la oferta pública y de los servicios de cuidado para niños y para mayores adultos, la regulación laboral a favor de licencias igualitarias y medidas de conciliación, la formación, formalización y jerarquización de los trabajadores del cuidado y la protección social y económica (que toma forma de transferencia) de aquellos que se dedican a realizar el cuidado familiar (Esquivel, 2011).

 

Son muy pocos los gobiernos que llevan adelante sistemas nacionales de cuidado o que miran ese cuidado con integralidad. En Europa se destaca el caso de Suecia, con su fuero de la familia que mira detalladamente la distribución de las licencias entre el nacimiento y los 12 años, que subsidia guarderías y que lleva delante programas de jóvenes que trabajan cuidando adultos mayores .

También en Francia, con la construcción del sistema de Prestation d’Accueil di Jeunne Enfant (paje), que brinda distintas opciones de cuidado según las preferencias o los ingresos: apoyo doméstico subsidiado, licencias prolongadas con salarios módicos para aquellas personas que prefieren retirarse del mercado para realizar cuidados y una batería de herramientas que explica que sea uno de los países con menor caída de la tasa de natalidad.

Si bien en América latina estamos aún muy lejos de todo esto, el ejemplo es Uruguay, que desde 2011 está construyendo su propio sistema nacional de cuidados profesionalizando a quienes realizan ese trabajo.

A pesar de que existe un amplio activismo en la región, muchos otros países aún no cuentan con políticas explícitas sobre el tema porque permanece la idea de que son caras. En Argentina, entre distintas feministas del Partido Justicialista construimos en 2019 una plataforma de políticas de cuidado. Queríamos convencer a la política de que ya no había que esperar a “estar bien” económicamente para avanzar con estos temas sino que aplicar estas políticas podía ser un verdadero instrumento para alcanzar el bienestar , un “pacto social por los cuidados”.

 

* Economista y magíster en estudios del desarollo del International Institute of Social Studies (Países Bajos) Subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer. Autora de Economía para sostener la vida, del cual se extractó este texto