Ayer se cumplieron diez años de la primera movilización masiva en Argentina bajo la consigna "Ni una menos", que irrumpió como un grito colectivo frente al hartazgo social ante los femicidios y la violencia de género en todas sus formas. Aquella manifestación, lejos de ser un fenómeno coyuntural, se constituyó como un movimiento transversal que marcó la agenda en el resto de los países de América latina.

Este año la movilización se traslada al 4 de junio para acompañar a las jubiladas y a los jubilados que todos los miércoles se movilizan frente al Congreso de la Nación, en defensa de sus derechos previsionales. Este gesto expresa una alianza intergeneracional de luchas, que reconoce que tanto el ajuste económico como el vaciamiento de políticas públicas afectan de manera particular a las mujeres, las diversidades, las personas mayores y las trabajadoras precarizadas.

El movimiento Ni Una Menos no solo visibilizó los femicidios y la violencia física sino también las dimensiones económicas, laborales, institucionales y simbólicas de la desigualdad de género. El problema económico es profundamente estructural y se expresa en múltiples dimensiones que exceden los episodios individuales de violencia física o simbólica. Desde una perspectiva estructural, la violencia económica de género se manifiesta en la desigual distribución tanto del ingreso como del tiempo y del poder, en la precarización del trabajo femenino, en el acceso desigual a recursos productivos y en la subrepresentación en espacios de decisión económica.

Según datos del cuarto trimestre de 2024 correspondientes al informe sobre Evolución de la Distribución del Ingreso (EPH) publicado por INDEC, las mujeres perciben en Argentina un 26% menos de ingreso laboral que los varones, una brecha que se amplía en sectores informales o en trabajos no registrados, donde las mujeres están sobrerrepresentadas. Esta desigualdad de ingresos es resultado no solo de la discriminación salarial directa sino también de un sistema laboral segmentado por género, en el cual las mujeres son empujadas a tomar empleos de menor calidad, con menor estabilidad y menores niveles de sindicalización. A esto se suma la carga del trabajo no remunerado. De acuerdo con la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo realizada por el INDEC en 2021, las mujeres dedican un promedio de 6,31 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a las 3,40 horas que dedican los varones. Esta doble jornada limita las oportunidades de inserción laboral plena, contribuye a la informalidad y profundiza la dependencia económica dentro del hogar.

La ausencia o el debilitamiento de políticas públicas con enfoque de género es en sí misma una forma institucional de violencia. El actual contexto político implica un profundo retroceso en el sostenimiento de los derechos conquistados. Con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023 se desmantelaron equipos técnicos con formación y experiencia en políticas de género. El recorte de programas claves como Acompañar o el vaciamiento operativo de la línea 144, actualmente sostenida con equipos mínimos y sin actualización salarial, representa un abandono del Estado.

Por otra parte, el 23 de marzo de este año se eliminó la moratoria previsional que les permitía acceder a una jubilación a millones de mujeres que no contaban con los treinta años de aportes exigidos. Según un informe del CEPA, a junio de 2024, solo el 9,5% de las mujeres en edad de jubilarse contaban con veinticinco años o más de aportes, lo que significa que actualmente cerca del 90% de las mujeres solo tiene acceso a la PUAM, lo que deriva en una pérdida de ingresos y de derechos.

El avance de la derecha en Argentina, así como también en gran parte del mundo, no se limita a un giro económico neoliberal y austero. Viene acompañado por un discurso ideológico profundamente reaccionario que ataca las conquistas feministas, banaliza la violencia de género y promueve la restauración de un modelo social basado en la familia tradicional, el orden patriarcal y la subordinación de las mujeres a roles reproductivos y de cuidado no remunerado.

A una década del primer Ni Una Menos, el movimiento feminista transformó la agenda no solo social sino también la económica. Puso en el centro del debate lo que históricamente fue relegado al ámbito privado: el trabajo doméstico no remunerado, la economía del cuidado, la desigualdad estructural y la violencia patrimonial. Y, también, señaló con claridad que la autonomía económica es una condición necesaria para la erradicación de la violencia de género.

La decisión de confluir hoy con otras demandas sociales, como la de las jubiladas y los jubilados, expresa la posibilidad de recomponer vínculos intergeneracionales y de articular diferentes luchas en un momento de incertidumbre. Frente a escenarios de ajuste y retracción del Estado, la movilización se reafirma como un espacio legítimo de participación ciudadana y defensa de derechos. No se trata solo de resistir retrocesos, se trata de sostener una visión de futuro más equitativa e inclusiva.