Con 56 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó el proyecto que contiene la propuesta de una nueva distribución del impuesto sobre los combustibles que le otorgaría más fondos a los gobiernos subnacionales. Tras obtener dictamen de comisión el 13 de agosto, la Cámara de Diputados discutirá hoy el proyecto sobre el cual cierran filas los gobernadores para recibir más fondos, generando un nuevo foco de tensión con un Poder Ejecutivo que rechaza el impacto fiscal de la medida. El panorama político es fragmentado.

 

Una redistribución millonaria en juego

El impuesto sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono representa una importante fuente de recaudación nacional, con ingresos que alcanzaron los $2,5 billones en 2024 (1,9% de la recaudación total de ese año), siendo el cuarto tributo más recaudador. Actualmente, esta recaudación se distribuye siguiendo un esquema establecido por la ley 23.966 y sus modificatorias, donde cada sector tiene asignado un porcentaje específico.

La distribución vigente destina el 10,40% al Tesoro, mientras que un 15,07% se dirige al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi). Las provincias reciben directamente otro 10,40%, que a su vez se subdivide entre Vialidad Nacional, obras de infraestructura y el fondo de energía eléctrica. El Sistema Único de Seguridad Social se lleva la porción más significativa, con un 28,69%, para atender las obligaciones previsionales nacionales.

Los fideicomisos de infraestructura también tienen su participación asegurada: el 28,58% va al fideicomiso de infraestructura de transporte, mientras que el 4,31% se asigna al fideicomiso de infraestructura hídrica. El esquema se completa con un 2,55% para la compensación del transporte público.

 

Contexto de la discusión

La propuesta de los gobernadores cobra particular relevancia en el contexto del severo ajuste económico, que paralizó la obra pública y recortó drásticamente la inversión en infraestructura.

Esta situación derivó en que los gobiernos provinciales busquen alternativas para compensar el retiro del Estado de áreas estratégicas como la infraestructura vial y energética. El proyecto aprobado en el Senado representa, en este contexto, un intento de las provincias de recuperar márgenes de autonomía fiscal para atender las necesidades que el Gobierno nacional decidió abandonar.

 

Una oportunidad verde desaprovechada

Más allá de la disputa política, el debate vinculado con la redistribución del impuesto sobre los combustibles revela la pérdida de una valiosa oportunidad para reorientar un tributo que, por su propia naturaleza, debería tener finalidad ambiental. El impuesto sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono es, esencialmente, un tributo verde que grava actividades contaminantes, pero cuya recaudación no se destina a las políticas de transición energética o a la mitigación del cambio climático.

La estructura actual de distribución, heredada de décadas anteriores, refleja prioridades de una época en la que la agenda ambiental no ocupaba el lugar central.

Los gobernadores podrían aprovechar el momento para proponer una redistribución que, además de atender sus necesidades fiscales, configure el impuesto con objetivos ambientales. Una porción significativa de estos recursos podría destinarse al control de los daños generados por desastres naturales (como los incendios o las inundaciones que en los últimos años fueron cada vez más brutales y repetitivos), programas de eficiencia energética, desarrollo de energías renovables, transporte público eléctrico e incentivos para la transición hacia combustibles más limpios.

 

Desafíos por delante: entre la urgencia fiscal y la transición ambiental

Más allá del debate legislativo, la disputa por la distribución del impuesto sobre los combustibles refleja tensiones más profundas acerca del modelo de federalismo fiscal argentino y la relación entre el Gobierno nacional y las provincias en un contexto de ajuste económico. La resolución de este conflicto será clave para definir no solo el futuro de esta redistribución específica sino también el marco general de las relaciones fiscales intergubernamentales en el país.

Sin embargo, el debate también pone sobre la mesa una discusión pendiente sobre la coherencia entre los instrumentos fiscales y los objetivos ambientales. Argentina tiene la oportunidad de liderar regionalmente con un modelo de tributación verde que efectivamente contribuya a la transición energética, pero para ello será necesario que tanto el gobierno nacional como los provinciales superen la lógica puramente recaudatoria y piensen en el largo plazo.

La pregunta que queda flotando es si esta redistribución será solo una nueva forma de repartir los mismos recursos o si abrirá la puerta para una discusión más amplia sobre cómo utilizar la política fiscal para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI. Por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia lo primero, pero el contexto de crisis climática global podría cambiar esta ecuación en el futuro próximo.