En un país con un sistema financiero chico, escaso crédito al sector privado y alta informalidad, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se han consolidado como una de las políticas públicas más efectivas para potenciar el financiamiento productivo. Su impacto es tangible: uno de cada tres créditos bancarios mipyme está respaldado por una SGR. Más aún, el sistema tiene una capacidad para emitir avales por más de $3,8 billones, lo que representa un 0,5% del PBI.

El modelo es virtuoso. Empresas denominadas "socios protectores" invierten capital en fondos de riesgo que se usan para garantizar operaciones mipymes. Estos fondos permiten que miles de pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento en mejores condiciones. Esto reduce el riesgo y mejora significativamente las condiciones de financiamiento: menores tasas, mayores montos, mejores plazos. Además, los socios protectores deben dejar inmovilizado su capital durante dos años y la totalidad de ese capital está expuesta al riesgo de incobrabilidad. Es decir, no es un incentivo fiscal sin compromiso: hay inversión, hay riesgo y hay impacto.

En los últimos años el sistema ha asistido a más de 100.000 mipymes, con una mora inferior al 2% y articula con 38 bancos (72% privados y 28% públicos), logrando una cobertura federal en todas las provincias. El 70% de las empresas beneficiadas son micro y pequeñas, y más de 500.000 empleos directosdependen de estas unidades productivas. La digitalización del sistema ha acelerado los procesos: la mayoría de las garantías se emiten en menos de 24 horas.

Además de su impacto bancario, las SGR cumplen un rol clave en el mercado de capitales. Avalan pagarés, cheques de pago diferido y obligaciones negociables, permitiendo que miles de empresas accedan a instrumentos antes reservados para grandes corporaciones.

El desafío es enorme, pero también la oportunidad. El crédito privado en Argentina representa solo el 11% del PBI, frente al 40 o 50% de países de la región. Esto implica un potencial de crecimiento de entre USD250.000 y 350.000 millones. Y para lograrlo hay que atacar dos frentes: la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, Argentina cuenta con un mercado de capitales muy pequeño y carece de vehículos no bancarios que canalicen ahorro hacia la economía real. Mientras que por el lado de la demanda, la elevada informalidad, la presión fiscal y la falta de información crediticia generan un círculo vicioso: baja inclusión financiera, selección adversa y desconfianza. Las SGR rompen ese ciclo, ya que formalizan, dan información y reducen el riesgo.

A nivel global, los sistemas de garantía de crédito son herramientas centrales para facilitar el financiamiento mipyme. En promedio, representan 1,7% del PBI mundial y 0,9% en América latina. En Argentina, aún están por debajo (0,5% del PBI), lo que marca un enorme margen de expansión. Modelos como el de España, Chile o Brasil (con reafianzamiento estatal o fondos mixtos) muestran que se puede escalar sin incrementar el costo fiscal.

Ese es otro dato clave: el costo fiscal neto del sistema SGR argentino es prácticamente nulo. La exención impositiva para los aportes de los protectores es ampliamente compensada por la recaudación que el propio sistema genera vía empleo, IVA y actividad inducida. En 2022, según datos de Econviews, el impacto neto fue de apenas el -0,004% del PBI.

Propuestas como la de reafianzamiento estatal vía FOGAR (que permitiría cubrir parte del riesgo asumido por las SGR) demuestran que es posible multiplicar por tres el tamaño del sistema, manteniendo su solidez.

Las mipymes avaladas por las SGR generaron dieciséis veces más empleo que el promedio de las firmas similares. Además, acceden a un financiamiento que es 25% más barato en el mercado de capitales y 32% más barato en los bancos. La adicionalidad es real: mayor inversión, más empleo y más formalización.

Actualmente, Argentina necesita reconstruir su tejido productivo. En un país con USD250.000 millones de activos líquidos fuera del sistema, mecanismos como las SGR resultan claves para canalizar ese ahorro hacia el crédito mipyme. Hay que pensar el sistema como una política de Estado, escalarlo y blindarlo institucionalmente. Las SGR no son un parche sino una solución. Si queremos un país que crezca con producción y empleo, el crédito mipyme no puede ser un lujo, debe ser una política de desarrollo. Y el sistema de SGR es el puente más sólido que tenemos para lograrlo.