Ante el avance de las inundaciones en el NOA y el Litoral, los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de 2008 cuestionaron a los Gobiernos nacional, provinciales y municipales por sus "ineficiencias para planificar, ejecutar y coordinar obras de infraestructura o mantener las existentes". Además, reclamaron acciones de emergencia para asistir a los productores afectados.

Las lluvias que azotaron a buena parte del norte argentino y amenazan con avanzar sobre la región pampeana despertaron fuertes preocupaciones de caras a un año en el que se esperaba una cosecha récord, como puntal para iniciar una lenta recuperación que permita salir de la recesión ante las malas perspectivas para el resto de las actividades. En concreto, ya hay 2,2 millones de hectáreas damnificadas, que equivalen a ingresos por más de u$s2.000 millones.

"Una vez más el campo argentino y su producción se encuentra en jaque por fenómenos climáticos extremos", lamenta un documento firmado por Luciano Miguens, Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Carlos Garetto y Hugo Luis Biolcati, en referencia a la sequía del año pasado y las presentes inundaciones.

Sin apuntar puntualmente a Cambiemos, los ruralistas lanzaron: "Más allá de lo impredecible y virulento de los fenómenos naturales extremos, que sin duda se han vuelto más recurrentes en los últimos años, esta emergencia ha desnudado una vez más las ineficiencias de los tres niveles del Estado para planificar, ejecutar y coordinar obras de infraestructura o mantener las existentes. Se trata de omisiones y negligencias graves que no solo dañan la producción sino que, incluso, ha costado vidas humanas".

En ese marco, reclamaron medidas de emergencia que incluyan "exenciones, diferimientos, prórrogas y refinanciación de impuestos, tasas y créditos" para los productores afectados. Además, alertaron que son necesarias medidas de largo plazo que ya que los efectos de la actual inundación pueden llegar a percibirse hasta un año y medio más tarde, con resultados económicos "tan graves como los de ahora". "La acción del Estado no debe agotarse en una mera declaración de emergencia, sino en una búsqueda de soluciones integrales y de fondo para todos los damnificados", concluyeron.