Por primera vez en la historia, los servicios pagarán derechos de exportación y de esta manera el Gobierno podrá sumar unos $25.000 millones a sus ingresos. Mediante el decreto 1201/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial, las retenciones fueron fijadas en un 12%, con un límite máximo de 4 pesos por dólar.

En la industria del software, que genera un tercio de las ventas al resto del mundo por parte de este sector, reconocen que se trata de un "mal impuesto" pero destacan el mínimo no imponible de u$s600.000 anuales por medio del cual quedaron excluidas las pymes, la recientemente aprobada ley de economía del conocimiento y el hecho de que se trate de una medida en principio transitoria, ya que tiene como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2020.

"Es un tributo asimilable siempre y cuando se cumpla el hecho de que sea provisorio, porque es una actividad que migra muy rápido", apuntó -en diálogo con BAE Negocios- Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi).

En el sector destacan el mínimo no imponible de u$s600.000 anuales de facturación

El regreso de las retenciones había sido anunciado en septiembre, cuando el Gobierno envió una señal al Fondo Monetario Internacional para que le adelante los desembolsos al informar que buscaría llegar al déficit cero en 2019 por medio de un mayor ajuste fiscal y un incremento en los ingresos fiscales. Finalmente, esa modificación que habilitó al Ejecutivo a reimplementar los derechos de exportación se introdujo en el Presupuesto de este año.

Voceros del Ministerio de Hacienda señalaron ante la consulta de este diario que por esta vía se esperaban recaudar unos $25.000 millones.

Para Carmona, sólo el sector del software deberá pagar u$s200 millones si se tiene en cuenta que en el 2017 la exportación del rubro llegó a los u$s1.800 millones, monto que se habría superado en 2018.

De todas formas, en la Cessi aclaran que el 70% de las 5.000 empresas que conforman el sector tienen menos de diez empleados. Para quedar exentas del nuevo impuesto, su facturación debe ser inferior a los u$s600.000 y estar inscriptas en el registro pyme del Ministerio de Producción, por lo tanto estarán alcanzadas las compañías más grandes, como el caso de Globant.

Asimismo, el decreto estableció que para las exportaciones de servicios no se necesitarán despachantes de Aduana, lo cual no le suma una carga burocrática extra al sector. Por otro lado, para las empresas que facturen menos de u$s12 millones anuales se las habilitará a pagar el impuesto 45 días después de realizada la operación. En caso contrario, deberán hacerlo dentro de los 15 días hábiles del mes posterior.

"Con la ley de economía del conocimiento tenemos un horizonte de inversión de diez años, justo cuando vencía la ley de software. Entendemos la necesidad fiscal del Gobierno al aplicar éste impuesto regresivo y fuimos a exponer al Congreso para que no implementaran una alícuota superior al 12% como querían", comentó Carmona, que insistió en la necesidad de que se cumpla con el plazo de eliminar el tributo después de 2020.