La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la convocatoria general a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la firma de un convenio de intercambio de información, tras el anuncio del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.

La convocatoria tendrá una segunda instancia con los acuerdos bilaterales entre la Nación y cada provincia, pero ya cuenta con las objeciones planteadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA), cuyo director, Cristian Girard, consideró a la iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo como un “blanqueo encubierto” y que las medidas difundidas hasta el momento “carecen de seguridad jurídica”.

De todos modos, desde el organismo bonaerense aclararon que “aún no fueron convocados” formalmente por ARCA y que sus objeciones no implican una negativa a suscribir el convenio.

El organismo encabezado por Juan Pazo adelantó que “convocará a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información”.

“El objetivo es garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, preservando la información de los consumos personales como también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones”, precisó ARCA en un comunicado.

Asimismo, advirtió que “aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA” de $50 millones.

La convocatoria a “los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario" ya tuvo su primer rechazo de parte de Girard, quien sostuvo que “no hay modificaciones concretas en términos normativos”.

“Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, aseguró el funcionario del gobernador Axel Kicillof.

Girard planteó que el gobierno nacional presenta al plan como “una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados” que “no apunta a ahorros acumulados” sino a que “no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo”.

Al respecto, manifestó que “la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta” y eso deja la situación en “un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”.

“Consideramos que, si se pretende avanzar en este tipo de medidas, debe darse una discusión democrática en el Congreso de la Nación y consensuarse con las provincias, ya que se trata de facultades delegadas en el marco del régimen de coparticipación federal”, indicó ARBA.

En ese sentido, puntualizó que “impuestos como IVA y Ganancias son recaudados por la AFIP, pero pertenecen a todas las jurisdicciones, por lo que sus modificaciones no pueden ser decididas unilateralmente por el gobierno nacional a través de decretos o resoluciones administrativas”.