Desde hoy, Argentina tiene un impuesto menos en su voluminoso “vademécum” y una carga tributaria un punto porcentual del PBI inferior a la que mostraba hasta el domingo 22 de diciembre.

El impuesto Por una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) no fue derogado, sino que dejó de aplicarse porque había sido creado con una duración determinada de cinco años, y venció precisamente el domingo a la medianoche, y el Poder Ejecutivo optó por no presentar un nuevo proyecto de ley para su renovación.

Ese carácter de impuesto “transitorio” no es una excepción en la estructura tributaria argentina y la decisión de no renovar su vigencia podría extenderse a algunos de los casos existentes, si es que el presidente Javier Milei cumple con su anunciado propósito de eliminar el 90% de la cantidad de impuestos de jurisdicción nacional.

 

Ganancias: “transitorio” desde 1932

De todos modos, entre el conjunto de impuestos “transitorios”, el más viejo de la lista difícilmente sea parte de la motosierra: se trata del impuesto a las Ganancias, próximo a cumplir 93 años de vigencia si se tiene en cuenta su creación como impuesto a los Réditos en 1932.

Su creación no fue una tarea sencilla y su puesta en práctica originó uno de los más profundos debates parlamentarios en torno al federalismo fiscal, ya que su condición de impuesto indirecto era por entonces una novedad en el ordenamiento tributario y no había consenso sobre su validez como impuesto nacional. La solución salomónica que satisfizo parcialmente a la Nación y las por entonces 14 provincias fue la creación del régimen de Coparticipación Federal en 1935.

El primer intento de crear un impuesto a los Réditos data de 1917, pero el proyecto presentado por el presidente Hipólito Yrigoyen fue rechazado por los conservadores que, paradójicamente, fueron los que lo implementaron quince años después.

 

El primer trabajo de Prebisch

En medio de esas disputas, fue durante la Presidencia de Marcelo T. de Alvear, cuando el ministro de Hacienda, Rafael Herrera Vegas, encomendó a un joven colaborador trasladarse a Australia para ponerse al tanto sobre “qué es eso del impuesto a los Réditos”.

Hacia Australia fue entonces el veinteañero Raúl Prebisch, quien regresó a una Argentina diferente: un golpe de Estado había colocado en la Casa Rosada al primer dictador del siglo XX, José Félix Uriburu, a quien el joven economista convenció de la necesidad de aplicar ese nuevo impuesto, a riesgo de caer en un déficit fiscal que se sumara al comercial surgido tras la crisis internacional de 1929.

Pero su aplicación de facto no fue del agrado del Senado surgido de las elecciones de 1932, por lo que hubo que recurrir a una salida de emergencia: se dispuso que el impuesto sería “transitorio” y que su vigencia expiraría en 1937… un plazo que, a fuerza de renovaciones, se extienden hasta nuestros días.

La importancia que tiene Ganancias en la recaudación nacional difícilmente permita su eliminación, más allá de algunas modificaciones que puedan operarse, como la concretada en 1974 al crearse la Cuarta Categoría.

 

Cheque y Bienes Personales

 

Diferente es el caso de los otros “transitorios”, sujetos a eventuales derogaciones o, al menos, reducciones en sus alícuotas.

El impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como “impuesto al Cheque”, fue creado en 2001 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el mismo que había derogado nueve años antes un gravamen similar por considerarlo “distorsivo”. Su duración tendría que expirar en 2003, pero ya su “transitoriedad” ya lleva 23 años.

El impuesto a los Bienes Personales surgió en 1992 como una transacción entre Cavallo y el bloque de diputados justicialista, ante la por entonces inminente creación del régimen de jubilaciones privadas. El ministro de Economía lo aceptó a regañadientes, al punto que cada vez que podía lo presentaba como “la ley Matzkin”, en referencia al diputado pampeano que lo había impulsado en el Congreso.

Al margen de esa disputa, ese impuesto cuya vigencia se extendería hasta 1999 continúa vigente, con alícuotas superiores a las originales, por no mencionar la base imponible: US$ 103.000 de 1992.

 

Derechos de exportación e IVA

Los derechos de Exportación, conocidos como retenciones, no son estrictamente un impuesto, pero esta disquisición poco le importa a los productores agropecuarios, a los que periódicamente el fisco recurrió en diferentes momentos críticos. En un país históricamente signado por el frente externo y con una estructura tributaria nacida al amparo de la Aduana de Buenos Aires, esos momentos no fueron pocos.

En lo que va del siglo XXI, las retenciones fueron reimplantadas mediante la ley de Emergencia Económica de enero de 2002, luego de que fueran eliminadas once años antes. Originalmente, contaron con una alícuota del 10%, que fue creciendo de manera diferenciada, con especial atención a una oleaginosa que por entonces pasaba a cobrar importancia por la demanda china: la soja.

Eliminadas parcialmente en 2015 por el recientemente asumido presidente Mauricio Macri (que mantuvo los derechos a la soja), el mismo mandatario las reinstaló “transitoriamente” sobre el final de su gestión, medida que, más allá de las críticas, fue mantenida por su sucesor, Alberto Fernández.

En varias oportunidades, Milei aseguró que serán unos de los primeros tributos a derogar en el curso de 2025, como cuando lo expresó en la ceremonia de apertura de la Exposición Rural el 28 de julio. ¿Existirán las retenciones para la próxima exposición?

IVA

Por último, hay un impuesto que no es transitorio, pero sí lo fue en su momento en anuncio del aumento de su alícuota. Se trata del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al que en medio de la crisis del Tequila en marzo de 1995 se lo aumentó “por un año” del 18% al 21%.

Por qué continúan los impuestos

 

La vigencia de estos impuestos, así como su constante renovación cualquiera sea el signo político del gobierno de turno, no tiene otra razón que la de su aporte a los ingresos de la Administración Pública Nacional. 

El último informe oficial disponible indica que en once meses de 2024 esos cinco tributos (en el caso del IVA se consideran solo los 3 puntos porcentuales adicionales) aportaron una recaudación de $ 45 billones, equivalentes al 38% del total.

Una suma demasiado significativa para eliminarlos de un plumazo. Y que obligará al gobierno a ser gradualista y selectivo a la hora de llevar a la práctica su motosierra impositiva.