El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, analiza avanzar con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para dejar sin efecto la ampliación del Régimen de Zona Fría, sancionada en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández. La medida permitiría reducir el gasto público en unos US$ 300 millones anuales.

Abogados del Palacio de Hacienda evalúan los riesgos jurídicos de derogar una ley mediante decreto, según publicó el sitio especializado Econojournal. La estrategia oficial responde a las dificultades políticas para revertir el régimen vía Congreso, ante la negativa de gobernadores a convalidar aumentos tarifarios en sus distritos.

Subsidios sin criterio socioeconómico

La ley 27.637 amplió el universo de beneficiarios del subsidio al gas natural de 850.000 a más de 4 millones de usuarios, incorporando zonas templadas como el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El beneficio original, creado en 2002 bajo la ley 25.565, se enfocaba exclusivamente en áreas de bajas temperaturas como la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Una de las principales críticas al esquema ampliado es que no diferencia entre hogares según su nivel de ingreso. Así, familias de ingresos medios y altos acceden al descuento, que se financia mediante un recargo del 7% en la factura que pagan todos los usuarios, incluso los de menores recursos. 

A esto se suman transferencias directas del Tesoro Nacional, pese a que en su momento se había prometido que el régimen no requeriría fondos públicos adicionales.

Posibles cambios tras las elecciones legislativas

En el Gobierno estudian implementar la medida luego de las elecciones de octubre. El nuevo esquema restituiría los criterios originales, limitando el beneficio a los hogares ubicados en regiones con condiciones climáticas severas. Desde la Secretaría de Energía ya comenzaron a aplicar restricciones, como la exclusión de usuarios que tienen más de un medidor a su nombre.

El impacto en el consumo

Un informe de la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, mostró que entre 2021 y 2024 el consumo promedio de gas por hogar creció un 7% en las zonas que ingresaron al régimen con la ampliación. En contraste, en las regiones que no accedieron al beneficio, el consumo cayó hasta un 9% en el mismo período. El dato refuerza la visión oficial de que el régimen genera incentivos regresivos y distorsivos en el uso del recurso.