El Gobierno abrió imputó y abrió un expediente contra once empresas de productos de consumo masivo por  la presunta infracción a la resolución 100/2020 de Precios Máximos, que conforma un incumplimiento a la Ley de Abastecimiento.

La Secretaría de Comercio Interior imputó a empresas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo.

 

Cómo fue la investigación

Los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior identificaron faltantes en góndola y luego dieron los siguientes pasos

• Fiscalizaron los centros de distribución y constataron que desde las empresas proveedoras hubo inconvenientes en la entrega de mercadería.
• Se realizaron requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021 a las empresas proveedoras. 
• Se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos
• Las compañías tienen un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima 
• Las sanciones posibles van desde los $500 a $10.000.000. El objetivo, de todos modos, no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta.

Cuáles son las empresas imputadas por desabastecimiento

El objetivo principal de estas imputaciones es que las empresas restablezcan los niveles de producción y stock, y que tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos en los comercios.

-Mastellone
-Fargo
-AGD
-Danone
-Molinos Cañuelas
-Bunge
-Molinos Río de la Plata
-Unilever
-P&G
-Paladini
-Potigian

Qué trámite tienen que hacer las empresas

 

La imputación es un proceso administrativo. Implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD) y debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación, indicaron fuentes del gobierno. 

Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo. Si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.  

Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales.