El Gobierno formalizó la intervención de la Oficina Anticorrupción para “determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción” y efectuar las denuncias “relacionadas con el criptoactivo denominado “$LIBRA” y constituyó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para “colaborar de forma rápida y expedita con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.

La intervención de la Oficina Anticorrupción ya había sido anticipada por el propio presidente Javier Milei y se oficializó hoy, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 114/2025, en medio del escándalo por la promoción de la criptomoneda por parte del mandatario.

“Por medio de la presente medida, se reafirma el compromiso de la actual Administración de gobierno con la transparencia y la honestidad, la lucha contra la corrupción y la eliminación de los privilegios de la clase política”, se remarcó en el decreto.

 

“Posibles irregularidades”

 

La participación de Milei dio lugar a más de un centenar de presentaciones ante la Justicia de la Argentina, pero también de Estados Unidos, por lo que resta definir cuál fue su grado de responsabilidad en el hecho.

Las instrucciones a la Oficina Anticorrupción se decidieron ya que “conforme es de público conocimiento, el criptoactivo denominado ‘$LIBRA’ ha generado importantes repercusiones y consecuencias que deben ser esclarecidas con suma urgencia por parte de las autoridades competentes”.

La intervención del organismo se resolvió “a efectos de investigar la existencia de posibles irregularidades o conductas indebidas por parte funcionarios públicos que prestan servicios en la Administración Pública Nacional relacionadas con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA’”, se indicó en los considerandos del decreto.

 

Creación de la UTI

 

Si bien en la medida se destaca que “el Estado Nacional cuenta con organismos especializados con capacidad para brindar al Poder Judicial información que podría resultar relevante”, también se considera “apropiado” disponer la creación de la UTI, a fin de colaborar con el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal.

La UTI no representará gastos adicionales al Estado, será disuelta una vez que complete la tarea para la que fue constituida y toda la información que recopile “deberá ser remitida, sin dilación, al órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente”, se precisó.

Por razones relativas a la división de poderes, la UTI “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.

UTI: las funciones del nuevo organismo
 

La UTI estará habilitada para “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional” y solicitarla a organismos provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires o bien, a través de la Cancillería, a estados extranjeros y organismos internacionales.

También podrá “recibir y gestionar, con la asistencia de las áreas competentes, los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal” relacionados con $LIBRA.

El organismo tendrá la facultad de convocar “la participación de los funcionarios y/o expertos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Otras de sus tareas será la recopilación e integración de la información, datos y documentación a efectos de su remisión al órgano del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal competente, así como denunciar ante esas instancias “cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”.

“La información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada”, finalizó.