El presidente Javier Milei firmó el marzo el DNU 274/24 que reemplaza la fórmula de movilidad jubilatoria del gobierno anterior por ajustes mensuales según IPC: el próximo incremento será de un 8,8% en junio. Por su parte, el fin de las moratorias y la creación de la "Prestación de Retiro Proporcional" integran la Ley Bases que sigue sin encontrar dictamen para ser tratada en el Senado. Organismos participaron del debate y destacaron que el artículo 288 "está bien intencionado, pero mal implementado". 

La directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala Díaz Langou, hizo hincapié en avanzar hacia una reforma integral del sistema previsional que sea "equitativo y sostenible". Además, apuntó contra los más de 200 regímenes de excepción que "representan el 50% del total de los beneficios".

"En un país donde 6 de cada 10 niños y niñas viven y crecen en la pobreza resulta inadmisible que en el principal componente del gasto público nacional, que es el sistema previsional, haya regímenes de excepción que perciban, en promedio, un haber 85% mayor que la media del resto de los jubilados", explicó Díaz Langou ante el Senado, en el marco de la reunión plenaria de comisiones que debaten el proyecto de Ley Bases. 

 

La propuesta de Cippec pretende "disminuir el peso fiscal del sistema previsional y, a la vez, mejorar la situación del 80% de los jubilados", a través del "fin de las moratorias permanentes, establecer un componente universal, con valor cercano a la actual PUAM para residentes en edad de retiro, y sumar un componente contributivo, que premie los aportes reales realizados al sistema a lo largo de la vida laboral".

En un informe, el Centro había destacado que el país "gastó cerca de 12,2% del PIB en pensiones en 2020 y 10,5% en 2021, entre los niveles más altos del mundo, con una población relativamente joven" y alertó que "en los últimos dos años el gasto ha caído, en un proceso de licuación que probablemente no sea sostenido en el tiempo".

La cuestión demográfica es para Cippec uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una reforma jubilatoria, ya que el país presentó este año una reversión de su pirámide poblacional hacia una más envejecida: "En 1990, un 8,7% de la población tenía más de 65 años, hoy es de un 12%, y a fin de siglo llegará al 32%".

 

"La tasa de dependencia (cuantos mayores de 65 años hay por cada 100 adultos de 20 a 64 años) crece muy rápidamente. Era 17 en 1990, 21 en la actualidad y llegaría a más de 60 en 2100. En ese contexto, pretender mantener los parámetros actuales del sistema previsional es imposible", aseguró Cippec.

Al respecto, Díaz Langou alertó: "Es un problema grande. No solo está en juego la salud fiscal del estado sino la posibilidad de que todos nos podamos jubilar".

Ley Bases: críticas al capítulo de jubilaciones

Entre las críticas destacaron que la norma "aumenta la imprevisibilidad", ya que delega en el Poder Ejecutivo "la definición de todos los parámetros relevantes, aumentando la imprevisibilidad del sistema" y señalaron que "incrementa el desorden normativo" porque la nueva presentación "no es parte de la Ley 24.241 y, por consiguiente, no es equivalente a una jubilación en relación con derechos como la movilidad, la generación de pensiones por fallecimiento o el acceso al Inssjp". 

Sin embargo, estuvieron de acuerdo con el Gobierno en que los haberes jubilatorios se actualicen por inflación, como se fijó en el decreto 274/24 firmado por Milei a fines de marzo y que entrará en vigencia en julio. Para Cippec se debe "modificar el componente procíclico de la actualización de haberes" para "mantener el poder de compra de las jubilaciones". La motosierra aplicada en las prestaciones sociales justificó parte del superávit fiscal del primer trimestre. 

Otro de los problemas que identificaron fue que se "mantiene el corte discrecional en los 30 años de aporte" y su impacto "será mínimo", ya que "nadie con menos de 30 años de aportes va a cobrar más que la PUAM", un 80% de la jubilación mínima de $190.141 mensuales. Para el Centro, la norma "no soluciona las inequidades existentes entre quienes tienen más y menos de 30 años de aportes (que es la principal justificación de las moratorias)".

Las moratorias son una solución temporal para quienes pierden sus contribuciones por no llegar a los 30 años de aportes. Pero esta excepción se ha vuelto la regla. En 2021, el 69% de las altas han sido a través de la moratoria", remarcó Cippec y agregó que uno de los inconvenientes estructurales vigentes es que existen más de 200 regímenes especiales para acceder a una prestación y que, en su conjunto, explicaron "cerca del 50% del total de beneficios y el gasto".