El Gobierno y la oposición deben arribar a un acuerdo político para sancionar la ley de Presupuesto 2026 y no incurrir por tercer año consecutivo en una prórroga por decreto del Poder Ejecutivo, lo que constituiría “un atentado contra la república y la democracia”.

Así lo sostuvo el ex director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y ex subsecretario de Presupuesto, Marcos Makon, quien instó a la dirigencia política a asumir una “responsabilidad histórica”, a fin de evitar una nueva prórroga de la ley de 2023.

“El Congreso tiene la responsabilidad histórica de aprobar el Presupuesto, porque un tercer año sin Presupuesto aprobado es un atentado contra la República y la Democracia, significaría que hay un sólo poder que lo aprueba, eso lo vivimos en otros gobiernos que no eran democráticos”, señaló Makon en el marco de un encuentro organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), de la que también fue director general.

 

“Una forma de vida”

 

Makon, uno de los principales referentes en materia presupuestaria de América Latina y consultor en una veintena de países de la región, remarcó que su interés excede el de la formalidad legislativa, ya que “aprobar un Presupuesto significa definir una forma de vida de la sociedad, un escenario para el régimen democrático republicano”, en tanto configura el plan de Gobierno para un año determinado, con sus implicancias en diferentes órdenes de la realidad de un país.

Junto a Makon, disertaron en el encuentro el ex secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez, y el presidente y vicepresidente de ASAP, Gonzalo Lecuona y Güido Rangugni, respectivamente.

“Como buen contador, voy a hablar de Derecho”, ironizó Makon en el inicio de su exposición, en la que abordó otros aspectos relacionados con la aplicación abusiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de normas permanente incorporadas en leyes de Presupuesto que, por definición, tienen una duración acotada a un año.

 

DNU y prórrogas con culpas compartidas

 

Sin eximir de responsabilidad a los poderes ejecutivos de turno, Makon planteó que hay responsabilidades compartidas con el Poder Legislativo por la ausencia de un esquema que permitió, por ejemplo, que en los últimos quince años haya habido cinco prórrogas y que desde 1994 se modificaron presupuesto a través de 112 DNUs y solo dos veces por medio de leyes.

Al respecto, sostuvo que “hay que encarar un proceso de sinceramiento” y propuso la conformación de una comisión mixta parlamentaria encargada de aprobar las modificaciones presupuestarias de una manera ágil y expeditiva.

“Hoy es muy largo el proceso, porque una modificación al Presupuesto es una ley más y eso requiere cuatro pasos”, señaló, en referencia al tratamiento en comisión en Diputados, su aprobación en el recinto y el mismo trámite en el Senado.

A su juicio, la creación de la comisión mixta evitaría el abuso de los DNU.

 

Se asume con el Presupuesto hecho

 

Junto a Gutiérrez, Makon fue quien elaboró la ley 24.156 de Administración Financiera y, 33 años después de su sanción, admitió que por entonces las elecciones presidenciales eran en mayo y que Carlos Menem había asumido en julio, por lo que “era imposible prever que las elecciones iban a cambiar de fecha”.

En  consecuencia, en la actualidad “el Gobierno que asume ya recibe un Presupuesto hecho” y acotó que para resolver ese inconveniente “en algunos países, en los años electorales el período de presentación del proyecto de Presupuesto cambia”.

Asimismo, rescató la importancia de la ley de Administración Financiera al señalar que desde su sanción “todos los Presupuestos fueron presentados en término”, algo que hasta entonces no había ocurrido desde la Presidencia de Arturo Illia, es decir casi tres décadas.

 

Normas permanentes “coladas”

 

Otro de los aspectos cuestionados por Makon fue la inclusión en diferentes Presupuestos de normas cuya duración es permanente y, por lo tanto, exceden la duración de un año que tiene la ley.

En ese sentido, remarcó que el artículo 20 de la ley 24.156 prohíbe expresamente la inclusión de normas de vigencia permanente, pero que de todas maneras se las sigue incluyendo al amparo de la ley Complementaria 11.672.

Esa ley, que data de 1933, representa una suerte de “atajo legal” que permite lo expresamente prohibido por la ley de Administración Financiera, pero su mención debe ser expresa para que la norma permanente tenga validez una vez que concluya la vigencia del Presupuesto en que fue incluida.

Ese detalle puede dar origen a una controversia si se aprueba el proyecto 2026 sin cambios, ya que en él se incorporan aspectos que modifican las leyes de Financiamiento Educativo  y de Ciencia y Tecnología, “pero no se incorporan en la ley Complementaria”, advirtió Makon.

“Le preguntaría a un constitucionalista qué va a pasar el 1° de enero de 2027”, planteó.