El presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su política de reducción del gasto público por medio de la reestructuración de la Administración Pública Nacional (APN) con la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

La decisión se plasmó en el decreto 70/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y se tomó con “la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Economía en un comunicado.

 

Un cambio de modelo

 

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, planteó, en una referencia al programa de viviendas impulsado hace más de una década por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

El Palacio de Hacienda precisó que “la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución”.

Esos fondos fiduciarios, agregó Economía, “habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.

“A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”, señaló.

Los fondos fiduciarios
 

Economía repasó la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), a través del decreto 1018/2024, luego de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectara en una auditoría “fallas en el programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras”.

Asimismo, mediante el decreto 6/2025 se había cerrado el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, por entenderse que “había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas”, además de evidenciarse “irregularidades e incumplimientos”.

El tercer fondo fiduciario, aún en proceso de disolución, es el de Integración Socio Urbana (FISU), una tarea en la que el Gobierno dijo que está “trabajando” para su próximo anuncio.

 

“De manera ordenada”

 

En el decreto también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

La cartera encabezada por Luis Caputo aseguró que “el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET)”.