Tras la firma de un nuevo acuerdo con el FMI y una flexibilización parcial del cepo cambiario, Argentina comienza a transitar un sendero que podría traducirse en una mejora en sus calificaciones crediticias. Según un reciente informe de la agencia Fitch Ratings, el país podría escalar desde la actual nota “CCC” a “CC” o incluso más, en la medida en que se consoliden las reformas económicas y se logre recomponer el nivel de reservas.

La calificadora de riesgo destacó que el superávit fiscal primario alcanzado en lo que va de 2024 —que permitió cortar con la emisión monetaria del Banco Central— es uno de los factores positivos más relevantes en el actual escenario macroeconómico. Esta mejora en las cuentas públicas fue bien recibida por el mercado, en un contexto donde la confianza internacional sigue siendo frágil.

Fitch advierte que la estabilidad está lejos de estar garantizada. Uno de los principales focos de preocupación es la implementación de un tipo de cambio deslizante, un esquema que apunta a contener la inflación y corregir desequilibrios, pero que, según el reporte, podría haber sobreapreciado el peso argentino por encima de su valor real. Lo cual podría afectar la competitividad y debilitar la recuperación de la economía a mediano plazo.

A esto se suma la preocupante dinámica de las reservas internacionales. Aunque en 2024 se lograron ciertas mejoras, en los primeros meses de 2025 volvieron a mostrar una caída significativa. Según Fitch, las reservas netas se ubican hoy en torno a -7.000 millones de dólares, prácticamente sin variaciones respecto de diciembre del año pasado.

Otro factor que se incorpora al análisis es el impacto político del proceso electoral de medio término, previsto para este año. “Un resultado que transmita un fuerte apoyo al gobierno y sus reformas podría ser visto como un indicador positivo para la economía de Argentina”, señaló Fitch. En cambio, una elección adversa o un escenario de fragmentación política podrían volver a sembrar dudas sobre la continuidad del actual rumbo económico.

El informe sosiene que la trayectoria futura de la calificación crediticia dependerá no solo del cumplimiento de metas fiscales y acumulación de reservas, sino también de la capacidad del Gobierno para mantener el respaldo social y la cohesión interna en un contexto todavía frágil.