El Gobierno concluyó hoy con uno de los capítulos más importantes en su propósito de reducir el gasto público por medio de una reestructuración de toda la administración, al completarse el año de facultades delegadas por el Congreso para disolver, fusionar, recortar y transferir funciones de organismos, regímenes y programas de todo tipo.

La tarea clave para poner en funcionamiento a pleno la “motosierra” con la que el entonces diputado Javier Milei abordaba la campaña electoral que la llevó a la Presidencia, fue encomendada a alguien que, en rigor, se había preparado para ejecutarla como colaborador de otra candidata a la primera magistratura. Los acuerdos políticos posteriores a la primera vuelta hicieron que tanto Federico Sturzenegger como Patricia Bullrich se sumaran al gabinete del libertario, respectivamente como ministros de Desregulación y Transformación del Estado y de Seguridad Nacional.

 

Desde antes de ser ministro

 

Sturzenegger había formado un equipo de colaboradores que llevó a cabo el trabajo de recopilar gran parte de la normativa existente, que se fue acumulando y superponiendo a lo largo de más de un siglo y que se encargó de clasificar en las que ya habían caído en desuso ("hojarasca"), las que representaban un obstáculo al desempeño de la actividad privada desde la visión oficial y, finalmente, las que implicaban un gasto que el nuevo gobierno consideraba en algunos casos innecesario y en otros funcional a determinados intereses sectoriales o particulares, englobados en el concepto de “casta” que Milei ya había hecho popular desde antes de su asunción.

Si bien asumió formalmente al frente del Ministerio creado especialmente para su actividad el 5 de julio de 2024, Sturzenegger tuvo un rol destacado en el Gobierno desde el primer día, al punto que fue el único que no se desempeñaba como ministro de los presentes en la cadena nacional del 20 de diciembre de 2023 en la que Milei anunció el DNU 70, antecedente normativo principal de lo que después fue la ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

 La participación de Sturzenegger en el gabinete presidencial amenazaba con recrear el choque que había tenido años atrás cuando tuvo que abandonar la Presidencia del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, quien lo reemplazó por alguien con quien se reencontró en tiempos de Milei: Luis Caputo, desde un Ministerio de Economía con funciones que, se temía, podían superponerse con la cartera creada para el nuevo funcionario.

 

Toda la administración pública

 

En los hechos, las tareas del Ministerio de Desregulación comprendían toda la administración pública nacional, en tanto revisaba leyes, decretos, resoluciones y disposiciones de todo tipo, con la tranquilidad de contar con el respaldo absoluto de Milei, que no perdía la ocasión para llamarlo “coloso” en cada aparición pública.

Pero el accionar de Sturzenegger contaba con un serio limitante en la escasa presencia del oficialismo en el Congreso, donde ni siquiera con una victoria aplastante en las elecciones de octubre tendrá mayoría en ningunas de las dos cámaras. La presentación en enero de 2024 del voluminoso proyecto de ley de Bases corría el riesgo de ser rechazado, por lo que el oficialismo accedió a cambios y recortes en el texto original.

Finalmente, con su sanción en julio del año pasado, el camino del ministro estaba allanado: el artículo 161 de la ley 27.742 confería al Poder Ejecutivo un plazo de un año de facultades delegadas para disolver, fusionar o recortar funciones de organismos, regímenes y programas, además de declarar sujetas a privatización a un conjunto de empresas estatales.

 

Más de cien medidas en un año

 

Esa tarea se fue llevando a cabo desde el mismo 8 de julio de 2024 y finalizó hoy en una carrera contrarreloj, que el propio Sturzenegger sintetizó en una presentación complementaria del anuncio que formulara el lunes, con un total de 101 medidas facilitadas por las facultades delegadas.

 

Algunas de esas tareas tuvieron su formalización al filo del cierre del plazo, como la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis medicinal (Ariccame), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y tres fondos fiduciarios, así como la “transformación” de los institutos nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Tecnología Industrial (INTI) y de Vitivinicultura (INV).

Previamente, el lunes se había oficializado la fusión del los entes nacionales reguladores de Gas (Enargas) y de Energía (ENRE) en un nuevo organismo que se constituirá en el curso de los próximos seis meses.

 

Lo que queda por hacer… y deshacer

 

Pero el vencimiento del plazo de las facultades delegadas no significa el final de las tareas de Sturzenegger. Por lo pronto, ante la imposibilidad de avanzar sobre leyes, aseguró que le quedan unos 700.000 decretos, resoluciones y disposiciones para revisar.

Por no hacer mención al relevamiento periódico de los empleados del sector público que quedaron en el camino a través de despidos, retiros voluntarios, jubilaciones y finalización de contratos. Con las últimas medidas, seguramente los 50.591 casos computados hasta mayo terminen siendo pocos.