El interventor del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), Federico Bernal, presentó una denuncia contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber inflado artificialmente las tarifas que pagaron los usuarios a partir del 2016, generándoles a las licenciatarias del servicio un ingreso extraordinario acumulado de unos USD1.300 millones si se hubiera extendido los valores hasta el 2021. La jugada se dio a conocer antes del inminente lanzamiento por parte del Gobierno de un plan de estímulo para Vaca Muerta que busca evitar nuevas importaciones del hidrocarburo en el próximo invierno.

Escudándose en su deber de funcionario público, Bernal recomendó al poder Ejecutivo declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) llevada adelante por el anterior gobierno, para Camuzzi Gas Pampeana y Transportadora de Gas del Sur (TGS), que fueron auditadas, al entender que hubo una manipulación en el factor de actualización de la base tarifaria, la matriz de lo que se paga en las boletas.

“La maniobra que se denuncia es que se habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la Base Tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente, a fin de asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”, informó el Enargas.

Esto llevó a que se utilizaran diversos índices de precios para llevar el factor de actualización a 33 y no a 24, como habían evaluado como alternativa los propios ex funcionarios, por lo que este componente tarifario se infló un 3.300%, llevando a los usuarios a pagar en dólares lo mismo que en los años noventa.

Esta segunda denuncia del Enargas contra Aranguren (la primera fue por dolarizar las tarifas de gas por fuera del marco regulatorio) se da en el marco del inminente lanzamiento del llamado Plan Gas 4, por medio del cual se subastarán 70 millones de metros cúbicos por día hasta el 2024, mediante contratos entre los productores con Cammesa y las distribuidoras.

El esquema fue consensuado entre las empresas y el Gobierno, pero generó debate por el máximo de USD3,5 que se pagará por millón de BTU para la cuenca neuquina y que abre la posibilidad de que derive en un sendero creciente de precios que deberán pagar los usuarios en la tarifa o el fisco mediante subsidios.

En ese sentido, en el ejecutivo aclaran que las boletas están congeladas sólo hasta diciembre. “El usuario final residencial o comercial va a pagar solo una parte del costo del gas en boca de pozo que surja de la subasta, y la otra parte, aquélla que determine oportunamente el Poder Ejecutivo, va a ser subsidiada, para los sectores vulnerables”, explicó el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, en una entrevista concedida a Patagonia Shale, en relación al nuevo plan.

“Las empresas no van a producir ni sacar gas por menos de USD3,6 el millón de BTU. Además con este programa se termina la competencia entre quienes reciben el subsidio por la resolución 46 y las que no. Si ingresan, es por fuera de la 46”, apuntó una fuente del sector en referencia a la norma de 2017 que estableció fuertes desembolsos para el shale de la cuenca neuquina y le permitía a las beneficiarias ofrecer un precio bajo por el fluído, ya que luego eran compensadas por los fondos estatales. "La discusión por la tarifa no puede darse si no tenes gas", concluyó la fuente del mundo petrolero.