El Gobierno formalizó una reestructuración récord del Presupuesto 2025 mediante un DNU publicado este martes, que actualiza los números a partir de la segunda prórroga de la ley de 2023. La medida incrementa el superávit financiero en $492.129 millones que, con la transferencias de las utilidades del Banco Central al Tesoro se eleva a $12,5 billones. Abarca a los tres poderes y refuerza partidas clave como jubilaciones, subsidios, salud y deuda. Según el Ejecutivo, busca garantizar servicios esenciales y cumplir compromisos financieros.

La medida representa la modificación presupuestaria más significativa desde que se cuentan registros, al menos en términos nominales, y se plasmó en el DNU 425/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El detalle en un anexo de 562 páginas abarca 290 programas presupuestarios, con mayores autorizaciones de gastos en 277 y una reducción en los 13 restantes, según el análisis dado a conocer por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En rigor, la modificación no implica necesariamente un incremento adicional de los gastos y recursos ya ejecutados, sino la formalización contable de un Presupuesto que es producto de dos prórrogas consecutivas de la ley 27.701, por la que se sancionó en 2022 el cálculo de gastos y recursos correspondiente a 2023.

 

Los tres poderes

Los cambios abarcan a jurisdicciones, entidades, organismos, programas, subprogramas y proyectos de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, detallados en tres anexos, uno de los cuales especifica los gastos y recursos a lo largo de 562 páginas.

Entre los aspectos principales abordados en el DNU, figuran gastos de personal y de funcionamiento y equipamiento, además de subsidios y transferencias, especialmente para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones varias.

“De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”, alertó el Gobierno en los considerandos de la norma, en la que puntualiza que el país se encuentra en “situación de emergencia económica”, por lo que se requiere que el Poder Ejecutivo “haga uso legítimo de forma inmediata de las herramientas constitucionales que tenga a su alcance para poder sanear las cuentas públicas, afrontar el pago de la deuda y mantener el equilibrio fiscal”.

 

Los gastos y recursos

 

El DNU autoriza gastos corientes y de capital por un total de $31.394.015 millones, de los que $31.089.621 son gastos corrientes y $304.394 millones de capital, además de $92.059.015 millones de aplicaciones financieras. 

En cuanto a los recursos, el total asciende a $43.862.531 millones, de los que $31.670.574 millones son tributarios y de seguridad social, $11.976.387 millones utilidades del Banco Central y $215.570 millones a otros, de acuerdo con el detalle consignado por ASAP.

En consecuencia, el superávit financiero se incrementa en $12.468.516 millones con las utilidades del BCRA y a $492.129 millones sin ellas.

 

Qué abarca el DNU

 

En una síntesis del alcance de la medida, el Gobierno señaló que “la presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Dentro de esas consideraciones, hay cuestiones relacionadas con gastos para asistencia a las provincias y a la atención del proceso electoral que desembocará en los comicios generales del 26 de octubre, la formalización de saldos remanentes de ejercicios anteriores, la disminución de cargos y créditos presupuestarios, las transferencias de competencias, los incrementos de haberes y subsidios y el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares por la aplicación de la movilidad previsional.

También comprende la atención de gastos por prestación por desempleo, aportes de capital a organismos internacionales y servicios financieros de la deuda pública, además del cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires, por su reclamo tras la detracción de fondos de Coparticipación a partir de septiembre de 2020.

Asimismo, se autoriza la contratación plurianual de ciertas obras de inversión y adquisición de bienes y servicios con incidencia en ejercicios futuros y se incluyen las utilidades del Banco Central transferidas al Tesoro.

En el caso particular del Ministerio de Salud, el DNU remarca que se lo incrementa para “dar sostenimiento a los gastos en materia salarial” de una serie de hospitales, entre los que destaca en primer término al de Pediatría Juan P. Garrahan.

 

Los números principales

 

La jurisdicción a la que se le autorizó el mayor incremento de gasto fue el Ministerio de Capital Humano, con $20,9 billones, ya que en esa cartera e incluyen las prestaciones previsionales atendidas por la Anses.

Luego se ubicaron los Servicios de la Deuda Pública ($2 billones), Obligaciones a cargo del Tesoro ($1,774 billón), el Ministerio de Seguridad Nacional ($1,474 billón), el de Economía ($1,413 billón), Salud ($1,324 billón) y Defensa ($1,168 billón).