El Ministerio de Economía aprobó el presupuesto y el plan de acción para 2025 de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que se encuentra en proceso de privatización y cuyas autoridades advirtieron que seguirán requiriendo de transferencias “por parte del Estado nacional” para alcanzar el equilibrio económico-financiero.

En la resolución 1423/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, se estimó para el presente ejercicio un superávit financiero de $7.720.290.143 y se ratificó el “plan de reconversión laboral” para el resto del año, en vistas al saneamiento de la compañía previo a su privatización.

AySA incluyó en su plan de acción las transferencias de capital incluidas en el Presupuesto 2025, que ascienden a $141.437 millones, así como inversiones para tareas de mejora y mantenimiento del servicio por $357.201 millones sin IVA.

Las inversiones se enfocan en “programas que redunden en menores costos operativos a futuro, extensión de la vida útil de las instalaciones y valorización de los activos afectados a los procesos productivos gestionados por la empresa”, así como “la finalización del Sistema Riachuelo (Planta Dock Sud), Río Subterráneo Sur, Colector Catonas, y gastos vinculados al proceso de Transformación de Obras”.

Pero para alcanzar el equilibrio Económico-Financiero, que contempla esos requerimientos relacionados con tareas de obras de mantenimiento, de operación, y finalización de obras de expansión (debido a la densificación de población servida), “serán necesarias Transferencias por parte del Estado Nacional”, indicó AySA.

Al respecto, ante la necesidad de fortalecer el capital de trabajo, la empresa informó que “se iniciaron gestiones para la emisión de un programa global de Fideicomiso Financiero por hasta $100.000 millones, y durante el presente ejercicio se estiman desembolsos por $70.000 millones”.

El 18 de agosto, el Ministerio de Economía declaró iniciado el proceso de privatización de AySA a través de la resolución 1198, que a su vez remite a los términos señalados en el decreto 494 del 22 de julio.

Ese decreto autoriza el procedimiento de privatización del 90% del paquete accionario de la empresa y que de ese porcentaje "al menos el 51%” se venderá a “un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional”.

El “remanente” para completar el 90% del total del capital social se venderá en “bolsas y mercados del país”, de lo que resultará una nueva sociedad cotizante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Oportunamente, el Gobierno sostuvo que la privatización de AySA busca “mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada”, para lo que se requiere "un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la empresa”.

AySA presta el servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar (excepto áreas “mixtas”), Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López; y la recepción de efluentes en bloque del partido de Berazategui.