El flamante presidente Javier Milei asumió su cargo luego de tres períodos consecutivos en los que los gobiernos sufrieron caídas del PBI per cápita. Buscará torcer ese destino con una política de ajuste ortodoxo inicialmente “recesivo”, en sus propias palabras: fiscal, monetario y cambiario y con liberación de precios, con la intención de sufrir primero un cimbronazo mayor al actual pero que luego permita dar vuelta las cuentas externas e iniciar un proceso de crecimiento clásico. Los desafíos no serán pocos y los muestra la historia: el impacto que ya reconoció que ocurrirá sobre los salarios, que funcionarán como ancla con el dólar y las tarifas subiendo, y sobre la actividad en general, podrá generar un nuevo round de puja distributiva. El desafío extra del límite social lo pone la contracción de 25% que sufrieron los ingresos de trabajadores entre 2015 y 2023.

Aunque en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la economía creció con fuerza, en el segundo mandato terminó con una caída del PBI per cápita del 2,9%. El gobierno de Mauricio Macri acentuó mucho esa contracción con una nueva de 7,8%. Si bien todavía el 2023 no terminó, las proyecciones apuntan a una contracción del PBI per cápita que rondará el 1,3% si se da una baja del PBI en términos absolutos de 2% en el año actual (antes, cayó 9,9% en 2020 y subió 10,7% y 5% en 2021 y 2022). Si la baja en 2023 es de 1% en el PBI, en el per cápita el mandato de Alberto Ferández cerrará con una leve caída de 0,3%.

Milei ya afirmó que la que viene será una política de shock, con ajuste fuerte del gasto fiscal de 5% del PBI, para lo cual tocará principalmente las partidas de obra pública, transferencias a las provincias y subsidios a las tarifas, aunque también deberá achicar otras. Más allá de la declaración del flamante presidente, en sus primeras palabras en el cargo, de que sólo implicará un recorte sobre el estado y no sobre los privados, lo cierto es que la suba de tarifas, un menor gasto público de las provincias y una potencial caída en las obras de infraestructura golpeará de algún modo en el salario real y los empleos. De ahí la otra declaración que reconoce que habrá impacto estanflacionario.

El ajuste sobre el gasto vendrá, como consecuencia, de la mano con una baja a cero en la emisión monetaria para asistir al Tesoro en forma directa, vía adelantos transitorios, e indirecta, vía compra de bonos del Tesoro. Mientras haya un stock de pasivos remunerados la de los pagos de intereses a los bancos seguirá explicando la mayor parte de la impresión de billetes. Además se espera una corrección cambiaria relevante.

Se trata, con todo, de un ajuste clásico, tal como lo describió Marcelo Diamand en El péndulo argentino: “Los equipos ortodoxos llegan al poder en medio de una crisis de balanza de pagos. Su respuesta son medidas que involucran una brusca devaluación, un aumento de los ingresos agropecuarios, una caída de los salarios reales, una drástica restricción monetaria, una recesión de mayor o menor profundidad y un deliverado esfuerzo de atracción de capitales extranjeros. De acuerdo a las afirmaciones de la ortodoxia, la recesión y la caída de los salarios no serían más que perjuicios momentáneos de un período de inevitable sacrificio, necesario para ordenar y sanear la economía. Gracias a él, se crearían las bases para el despegue”.

A las dificultades históricas para un programa semejante, como la mencionada puja distributiva que surge como reacción, y como la dificultad para mejorar la recaudación tributaria y por ende achicar el déficit en plena recesión, en los últimos años se sumó la de que las correcciones cambiarias observaron un cada vez más veloz pass through que eliminó la competencia cambiaria en pocos meses, tal el caso de la devaluación del 30% de enero del 2014, que unos meses más tarde terminó con el ingreso de Alejandro Vanoli al BCRA para evitar un segundo salto del dólar; de abril del 2018, en una corrida que sin cepo en rigor no encontró fin hasta fines del 2019; y la suba de 22% del dólar el 13 de agosto pasado, que en sólo dos meses fue superada por el IPC, que dio un salto de 26,7% entre agosto y septiembre.

En este caso, el ajuste sobre los salarios reales, que deberán funcionar como ancla si se sueltan los otros dos precios relativos clave, es decir las tarifas y el dólar, ocurre luego de una contracción del 25% entre 2015 y 2023 para los trabajadores formales y estables, con una pobreza que llegó al 40,1% en el primer semestre.

Por el lado de las dificultades cambiarias, con un rojo de ocho meses consecutivos en el balance de bienes, las reservas netas se ubican cerca de un negativo de USD12.000 millones y las brutas en mínimos históricos de USD21.208 millones. Para colmo, el gobierno deberá pagar USD7.000 millones entre diciembre y abril al FMI y a acreedores privados. En paralelo la deuda comercial de las empresas se acercó a los USD55.000 millones, por las crecientes restricciones a las importaciones.

La apuesta a acentuar el efecto de la herencia recibida apuntó a conseguir una luna de miel. Su mención a los rezagos de la política monetaria fueron en ese sentido y el límite lo pondrá la paciencia o conflictividad social. Milei se adelantó y señaló que el rezago será de entre 18 y 24 meses, en búsca de una luna de miel larga. Distintos informes de la consultora Economía y Regiones señalaban en julio de 2018, bajo la autoría de su socio Diego Giacomini, que ese rezago de la política monetaria era de 6 meses.