El subsecretario de Politicas de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini, formó parte de los anuncios del viernes para la entrega de viviendas a familias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, en el marco de los 11.000 hogares que habían quedado pendientes de la administración anterior del plan Procrear.

El funcionario del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat denunció que Alberto Fernández asumió con un programa que tenía un presupuesto de apenas $5.400 millones, cuando en los primeros años de su creación había llegado a manejar $180.000 millones.

"Ya llevamos entregados 70.000 créditos Procrear desde agosto, de un paquete de 300.000, por unos $4.500 millones, que ya están en los bolsillos de quienes lo solicitaron. La proyección para este año es desembolsar $20.000 millones y en 2021, $63.000 millones, y construir 30.000 viviendas para la línea de lote individual", explicó Scatolini.

¿Cómo ves la situación habitacional en la Argentina?

Es muy preocupante tanto en la Argentina como en el mundo. Se estima que hay unas 1.500 millones de personas viviendo en la informalidad y esa cifra podría duplicarse en veinte años, si no se revierte estructuralmente. A partir de ese cálculo tomamos nota respecto al principal problema, que es la falta de acceso al suelo. De ahí lanzamos el plan nacional de suelo urbano, que muestra la decisión de poner por delante el acceder a ese espacio formal para poder edificar, con distintos criterios.

¿Y qué lugar ocupan las villas en ese contexto?

En ese caso la principal tarea es urbanizarlas. Para eso, por ejemplo, se va a destinar el 9% de lo recaudado con el impuesto PAIS a la compra de dólar, para urbanizar las 4.400 villas que hay en el país y en donde viven cinco millones de personas. Se trata de hacer una política anticipatoria, la Argentina está entre los 10 países más urbanizados del planeta porque el 92% de su población vive en ciudades. Afortunadamente, no tenemos un problema de falta de suelo, como ocurre en otros países, porque nosotros tenemos territorio y recursos naturales.

¿Y cómo se expresan estos problemas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires?

Las regulaciones en materia urbanística son locales. El mercado inmobiliario depende de cada municipio. No corresponde constitucionalmente plantear cuestiones de este tipo desde el gobierno nacional. Lo que sí armamos son capacitaciones para los gobiernos subnacionales, para dar un apoyo a que haya prácticas más virtuosas. Tampoco vamos a meternos con el derecho de propiedad, si alguien logró comprar una vivienda, a lo sumo tendrá que pagar un impuesto diferencial por mantenerla ocioso pero eso queda a criterio de cada distrito.