Caído el paquete fiscal de la Ley Ómnibus, que le otorgaba al Gobierno el equivalente a un 1,8% del PBI para el equilibrio de las cuentas públicas, las miradas apuntan a mayores recortes a los esperados por el lado de los gastos, por ejemplo en la seguridad social, que representa el 60% de las erogaciones. Algunas de las otras opciones que maneja el Ejecutivo tendrán impacto en términos de inflación, tal el caso de un mayor ajuste en los subsidios económicos o subas en el impuesto al combustible, que generaría aumentos de hasta 25% en las naftas. Tijeretazos en las excenciones tributarias a empresas también aparecen en el menú. El gasto deberá caer entre 15% y 20% real por mes para llegar a la meta con el FMI, que este miércoles define el desembolso de USD4.700 millones.

Varias consultoras advirtieron que las transferencias a las provincias y la obra pública, con ajustes extraordinarios ya programados previamente, aparecen sin margen para mayores retoques. El gasto en transferencias a provincias, por caso, fue del 0,75% del PBI en 2023 y ya se planeaba un recorte hasta llegar al 0,25%, pero eso implicaría afectar partidas relacionadas con a educación, salud y seguridad social. “Muy difícilmente pueda realizarse”, señaló Fundación Capital. Y Portfolio Personal Inversiones coincidió: “Esto implicaría llevar a cero estas transferencias (quedaban en 0,25% tras el ajuste original), tensando en demasía la relación con los gobernadores”. Por el lado de la obra pública, el ajuste ya pautado la llevaba a “su mínimo en la historia reciente (-0,7% del PBI de los 1,6% del PBI en 2023)”, tal como remarcó Fundación Capital. 

El ajuste fiscal en general y la meta con el Fondo en particular, que plantea llevar a un superávit primario de 2%, lo que implicaría estar en números positivos por primera vez en 14 años, son la principal herramienta de política económica que blandió el Gobierno en su mes y medio de gestión. Las anclas inflacionarias, tal como destacó Fundación Capital, son justamente el también cuestionado 2% del crawling peg y el equilibrio fiscal. Para el mercado, que reaccionó con subas de los dólares financieros y bajas de acciones y bonos, eso es lo que tambalea desde el anuncio del viernes. 

Desde Fundación Capital remarcaron además cuáles son las opciones del Gobierno para intentar suplir ese 1,8% del PBI. La que aparece como principal es la cuenta de los subsidios económicos, que ya iba a sufrir retoques incluso antes del viernes: “Podría realizarse un recorte más pronunciado en materia de subsidios económicos, los cuales implican 2,1% del PBI, aunque existe un limitante en materia social frente al impacto que podría tener en el ingreso de las familias, más aún en caso de un nuevo salto cambiario”. Vale destacar en este sentido que las subas de tarifas de la electricidad se comenzarán a aplicar desde febrero y que las empresas de distribución pidieron subas del 89% para el grueso de los usuarios, llegando a 140% en algunos casos. Las transportadoras pidieron aumentos que tendrán un impacto extra del 3,8% en las facturas. 

Esa no sería la única decisión de política fiscal que podría tener impacto en la inflación. Para la consultora, el impuesto al combustible desde febrero es el otro camino para suplir la falta de recursos que generó la baja de los proyectos de Ganancias, retenciones y blanqueo. Acerca de ese asunto, desde el Iaraf advirtieron que “tomando como referencia el valor de un litro de nafta súper en la ciudad de Córdoba, de $806, bajo el supuesto de traslado del 100% del incremento del tributo, el precio debería aumentar a $1.005, es decir, un incremento del 25%”. 

Finalmente, Fundación Capital destacó la posibilidad de eliminar exenciones impositivas, “aunque gran parte no es sencillo de reducir y debe pasar por el Congreso. Podría obtenerse algo menos de un punto por esta vía”. Desde la consultora Sarandi remarcaron que “en los próximos meses el gasto real deberá caer a razón del 15% a 20% promedio mensual para dar cumplimiento a la meta”. Y afirmaron que “cuesta pensar que Caputo no vaya a trabajar sobre” las partidas de la seguridad social, ya que “explican 60% del Presupuesto”. Y remataron: “Es imposible cumplir el target fiscal sin ajustar fuerte este segmento”.