El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la Estrategia País 2025-2028 para la Argentina, con una línea de financiamiento por USD 10.000 millones. El organismo multilateral respaldó el rumbo económico del Gobierno y confirmó que desembolsará USD 3.000 millones este año, aunque también lanzó una serie de advertencias sobre los riesgos sociales y políticos que enfrenta la administración de Javier Milei.

A qué se destinará el financiamiento del BID

Del total comprometido, USD 7.000 millones irán al sector público y los USD 3.000 millones restantes serán canalizados a través del BID Invest para financiar proyectos privados.

El programa —que fue presentado en abril tras la firma del acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones— busca sostener el ajuste fiscal, fomentar la inversión privada y reducir la pobreza estructural. Desde el organismo, destacaron que el plan tiene como eje el "crecimiento económico sostenido liderado por el sector privado".

Qué incluye el plan 2025-2028

El esquema de trabajo consensuado con el Gobierno se articula en tres pilares:

• Reforma fiscal y eficiencia tributaria: eliminación de exenciones y reducción de impuestos distorsivos.
• Liberalización económica: medidas de desregulación, mejora en la conectividad y promoción de inversiones.
• Protección social: mejoras en salud, educación y asistencia focalizada.

"El BID contribuirá a consolidar las reformas estructurales en marcha", afirmó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Qué riesgos señaló el BID para Argentina

Pese al aval, el BID advirtió que la situación social es crítica. En su diagnóstico alertó que:

• La pobreza infantil afecta a más del 50% de los menores de 14 años.
• La indigencia alcanzó un pico del 18,1%.
• La pobreza por ingresos subió 7,8 puntos entre 2016 y 2024.
• Además, identificó riesgos institucionales y económicos:
• La fragilidad de las reservas del Banco Central.
• La falta de mayorías legislativas para aprobar reformas.
• El riesgo de una fatiga social por el impacto del ajuste.
• La posibilidad de shocks externos o reversión de políticas que frenen la inversión.
• El deterioro del sistema de salud y educación, agravado tras la pandemia.
• La caída en la cantidad de empresas exportadoras, que bajó de 14.444 a 9.567 en 14 años.
• El bajo nivel de innovación y eficiencia del gasto.

Por último, el BID advirtió que un shock en el mercado de deuda en pesos podría afectar la estabilidad fiscal del Gobierno.