De cada $100 de potencial ganancia que obtendrían los productores agrícolas, el Estado, en sus diferentes estamentos, se queda con $64,30, según un estudio difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

De esta forma, el primer año del Gobierno de Javier Milei ha finalizado como uno de los que mayor carga tributaria impuso sobre el campo, si se tiene en cuenta que para diciembre el índice de carga tributaria fue 5,4 puntos mayor al de diciembre del 2023 (59%), como también lo fue en relación a diciembre de 2021 (63,2%), al de 2020 (59,5%) y al de 2019 (60,5%) siendo la excepción el 2022 (67,2%), así como el hecho de que el 94,7% de la carga tributaria son impuestos nacionales y solo el 4,7% provinciales y 0,6% municipales.

En relación al índice actual, FADA planteó que si bien el promedio ponderado es del 64,3%, la participación de los impuestos es diferente en cada cultivo, pues la soja tiene una carga tributaria del 68,5%, el maíz del 56,6%, el trigo del 69,5% y el girasol del 59,1%, añadiendo que si se suprimieran los Derechos de Exportación o retenciones, la participación del Estado se reduciría a poco más que la mitad de la actual carga, es decir 36%.

Gastón Borsini, presidente de la Confederación General de la Producción agrícola, ganadera y pesquera, señaló que sus cálculos son algo divergentes en relación a algunos de estos cultivos, pero coincidió en los índices del principal producto, la soja, pues "tiene los guarismos que difunde FADA, y es por eso que hoy existe un malestar tremendo por el aumento de costos de producción derivados de las políticas del gobierno, que se combinan con una baja de los precios internacionales", describiendo este fenómeno como "un combo letal".

En este sentido, Borsini añadió que "si el gobierno no da respuesta con subsidios a la energía como el gasoil, o bien rebajas impositivas, muchos productores van a empezar a endeudadarse como en la década del noventa". Por su parte, Ricardo Gallo Llorente, productor agropecuario de 9 de Julio, coincidió con el diagnóstico de Borsini al dar cuenta de la existencia de "precios internacionales a la baja combinados con nulas rebajas de retenciones, las cuales junto a los impuestos de las distintas jurisdicciones están determinando un aumento relativo de la carga tributaria".

No solo del informe de FADA se desprende que el primer año del actual gobierno libertario fue el de mayor presión tributaria al campo. Según el último informe de RIA consultores, el aporte por Derechos de Exportación o retenciones, el principal tributo al agro, permitió recaudar este año U$S 6.549 millones, es decir 37% más que en 2023 y 16% arriba del promedio 2015/2020, siendo la excepción la campaña 2020/21, de la mayor sequía en 60 años, con un 42% menos que la actual.

El complejo panorama que describe buena parte de los productores agropecuarios no solo se limita a la presión impositiva, sino también al destino de los impuestos y al actual tipo de cambio. En este sentido, del informe de FADA señaló que la mayor parte de la recaudación, es decir el 67,5%, no se coparticipa directamente a las provincias en las que residen gran parte de los productores, añadiendo como otro factor el hecho de que el dólar blend o exportador, ajustado por inflación, es un 28% menor que inicios de 2024.

El panorama futuro, por otro lado, pareciera agregar un elemento que añadirá complejidad, como es el hecho de que, de acuerdo al informe de RIA Consultores, en base a S&P Global Commodity, se prevé que en 2025 aumente la demanda de biocombustible, que derivará en que Estados Unidos y Brasil tengan un excedente y sobreoferten la harina de soja en 20 millones de toneladas, lo cual no solo amenazará el liderazgo mundial que Argentina posee en este rubro, sino que llevaría a que el precio de la soja caiga aún más.

Pese a todo ello, por el momento no pareciera haber mayores reclamos formales por parte de las entidades agropecuarias, lo cual Borsini vincula al apoyo político a la comunicación del gobierno sobre desregulación y baja de impuestos. Más contundente, Gallo Llorente reclamó que estas entidades son "capaces de seguir sosteniendo cualquier plan económico mientras no se vincule al peronismo, incluso a expensas de la rentabilidad del sector que dicen representar".