El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó en su último informe técnico sobre la Argentina un apartado especial que advierte por los efectos de los aranceles aplicados por Estados Unidos, el contexto de incertidumbre global y el deterioro de la cuenta corriente del país. Según el staff técnico del organismo, la Argentina deberá afrontar un rojo externo cercano a los USD 20.000 millones en 2026, pese al superávit fiscal y comercial que destaca el Gobierno.

El análisis del FMI detalló que Estados Unidos representa el 8% de las exportaciones argentinas de bienes, el equivalente a un 1% del PBI. Pese a esta proporción limitada, la relación bilateral mostró un pequeño déficit para la Argentina, de 0,2% del PBI en los últimos años.

Desde mediados de marzo, productos como el acero y el aluminio enfrentan aranceles del 25%, mientras que la mayoría de los bienes argentinos paga desde abril un arancel del 10%. Quedaron exceptuados los envíos de energía y oro, por unos USD 3.000 millones. Según el organismo, el impacto directo sería acotado: entre USD 300 y 500 millones anuales en exportaciones perdidas. No obstante, advirtió que ese cálculo podría variar si aumentan las represalias cruzadas o se reconfiguran las cadenas comerciales.

“El impacto podría ser aún menor si se compensa con la desviación del comercio de socios afectados por aranceles más elevados”, señalaron los técnicos, y agregaron que la Argentina podría beneficiarse de un mayor precio internacional de la soja por la menor oferta de países sometidos a represalias contra productos estadounidenses.

En el frente financiero, el informe indicó que los bonos soberanos y corporativos locales mostraron una leve mejora tras la escalada comercial, pero alertó que las reservas negativas —estimadas en -USD 6.400 millones netos— elevan la vulnerabilidad del país. “Esto afectaría los depósitos en moneda extranjera y el crecimiento del crédito, y limitaría el acceso del gobierno a los mercados internacionales de capital”, advirtió el organismo.

En paralelo, el Fondo ajustó al alza su previsión sobre el déficit de cuenta corriente para este año, que pasó de USD 2.700 millones en abril a USD 11.800 millones en el último reporte. Para 2026, el rojo escalaría a USD 10.300 millones. La combinación de mayores importaciones, caída en el precio del petróleo y la flexibilización del cepo explican buena parte del deterioro.

A estos números se suman los pagos de deuda: sólo en bonos reestructurados y el Bopreal, la Argentina ya giró este año más de USD 3.400 millones. Con un riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el Gobierno afronta dificultades para refinanciar vencimientos y expandir su acceso a crédito.

“El saldo de la cuenta corriente externa pasará de un superávit del 1% del PBI en 2024 a un déficit del 1,7% en 2025”, señaló el FMI. El Fondo considera que este desbalance será compensado por inversiones extranjeras, endeudamiento del sector privado y un acceso sostenido a los mercados internacionales. Pero aclara que todo dependerá de una “implementación exitosa” de las políticas pactadas.

En ese sentido, recomendó un marco cambiario más flexible y mayores restricciones fiscales y monetarias si los riesgos se agravan. También sugirió reducir impuestos a las exportaciones para ganar competitividad, siempre que se identifiquen medidas compensatorias.

La magnitud del desafío externo cobra aún más relevancia al observar el nivel de endeudamiento con el propio Fondo. La Argentina le debe actualmente USD 57.000 millones: USD 43.000 millones del acuerdo firmado en 2018 y refinanciado en 2022, más USD 14.000 millones del programa vigente. Según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, la deuda con el FMI representa el 35% de la cartera del organismo y equivale al 1.260% de la cuota argentina, muy por encima del máximo permitido de 435%.

De cumplirse la meta de reservas para este año, el stock bruto alcanzaría los USD 47.000 millones, lo que equivale al 7,5% del PBI, lejos del promedio regional del 15%. Ese diferencial, según el Fondo, explica parte de la persistencia del riesgo país en niveles superiores al promedio de América Latina.

Mientras el Gobierno asegura que mantiene negociaciones con Washington por un posible régimen especial que alivie el impacto arancelario, el FMI deja claro que el contexto global suma presión. La hoja de ruta está trazada, pero su ejecución sigue sujeta a condiciones cambiantes y riesgos elevados.