El Senado concretó otro revés para la principal política del esquema económico del Gobierno: el ajuste fiscal, con superávit de las cuentas públicas. Esta vez se convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei ya prometió vetar. La iniciativa había sido estimada con un costo fiscal de 0,14% del PBI por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) durante el año pasado. Un senador opositor ubicó el impacto en 0,16% del producto. Un día antes, el rechazo al veto en la emergencia en discapacidad y la sanción de la automatización de los ATN habían agregado un costo fiscal de entre 0,3 y 0,5% del PBI.

En otra sesión en la que el Gobierno no logró disciplinar a la oposición, y en la que se rechazaron varios decretos desregulatorios del presidente Javier Milei, finalmente se le dio sanción al proyecto de financiamiento universitario, que busca actualizar por IPC el presupuesto de las casas de estudios nacionales. La OPC había estimado un impacto de 0,14% del PBI para un proyecto similar durante el año pasado. Por su parte, el senador puntano Fernando Salino, durante su alocución en la Sesión, lo ubicó en 0,16% del PBI.

El Congreso ya había propinado un cachetazo fiscal al Gobierno en la sesión de Diputados del miércoles. Se rechazó el veto a la declaración de emergencia en discapacidad, que según un informe de la OPC ya fechado este mismo año tendrá un impacto de entre 0,26% y 0,46% del PBI. El Senado deberá definir si completa el rechazo al veto con el 66% de los votos y los poroteos indican que así será. Además, también se le dio sanción a la automatización del reparto de ATN, que Iaraf estimó con un costo fiscal del 0,04% del PBI. Así, el total de las tres iniciativas tendrá un costo de entre el 0,45% y el 0,65% del PBI. 

Vale recordar, en ese sentido, que entre enero y julio el Ministerio de Economía logró un superávit primario acumulado de 1,1% del PBI, lo que lo dejó cerca de cumplir la meta del 1,3% pautada por el FMI para el total del 2025. El Gobierno se autoimpuso, con el lanzamiento de la Fase 3 del programa económico, un objetivo de superávit primario del 1,6%. Los reveses en el Congreso complicarán esa meta algo más compleja de alcanzar.
Las universidades estuvieron entre las principales afectadas por la aplicación de la motosierra. En el total del 2024, el gasto devengado por el Gobierno en transferencias a las universidades cayó 25,1% real acumulado, en la comparació contra el año previo. En el primer semestre del 2025 recuperó 1,5% real, contra la primera mitad del 2024. Un repunte mínimo.