Con todavía más de 180.000 usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano y otros tantos en el resto del país por el fuerte temporal, el Gobierno oficializó el decreto de "emergencia del sector energético nacional" que había adelantado el domingo y que extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 la intervención de los Entes Reguladores de la Electricidad (Enre) y el Gas (Energas). Además dictó el inicio de la revisión tarifaria integral para que esté concluida antes de que termine el 2024, aunque dará lugar a una actualización tarifaria previa de forma transitoria para "asegurar el suministro" energético. Es que el Gobierno anticipa que habrá faltantes durante el verano, tal y como advirtió la flamante canciller Diana Mondino a los industriales en la cumbre anual de la UIA.

Mediante el DNU 55/2023, el Gobierno declaró en el primer artículo la "situación de emergencia" del "Sector Energético Nacional", tanto en materia de electricidad como de gas, y consideró "necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro". Por lo que la emergencia alcanzó a "los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural".

El segundo artículo, por su parte, instruyó a la Secretaría de Energía a tomar las acciones necesarias para "la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".

Es que el diagnóstico del gobierno responsabiliza, por el deterioro de la red, a la falta de inversiones de las empresas concesionarias, que a su vez ocurre por la imposición de tarifas por debajo del valor de mercado, tras cuatro años de uso de las tarifas como ancla contra la inflación. Eso llega a una década en el caso de la electricidad.

En efecto, entre los considerandos del decreto se especifica que el deterioro en el suministro obedece a "inversiones insuficientes" que se tradujeron en una frecuencia media de interrupción del servicio, en la segunda mitad de 2022, en un nivel 55,23% mayor al objetivo de 3,81 horas semestrales para el caso de Edenor. En el caso de Edesur estuvo 173,22% por encima de ese objetivo.

El diagnóstico, a su vez, se agrava al considerar que, a partir de agosto del año próximo, podría "llegar a ser cero" el suministro de gas desde Bolivia, lo que hace imperiosa la concreción de la obra de reversión de Gasoducto del Norte, que tiene un proceso licitatorio abierto y "cuyas ofertas se encuentran en proceso de evaluación".

Por eso, el DNU apunta a una actualización de las tarifas que no descarta una eventual revisión de subsidios provisoria, hasta tanto entren en vigencia "los cuadros tarifarios resultantes" de la revisión tarifaria integral, cuya fecha límite será el 31 de diciembre del año que viene, tope también para la designación de los directorios del Enre y el Enargás, en reemplazo de los interventores que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, designará a partir del 1 de enero.